Un juez ha ordenado la imputación del portavoz Más Madrid - Ganar Móstoles, Gabriel Ortega Sanz, tras la querella presentada por el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles (IMS), por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad contable durante la gestión de este cuando presidía esta empresa pública de vivienda que tiene como accionista único al Ayuntamiento de la localidad.

Ortega tendrá que sentarse en el banquillo junto al miembro de Más Madrid en Collado Villaba, Javier Diez Tomasich, y el interventor municipal de Móstoles, Cain Poveda Taravilla, el próximo 30 de noviembre de 2022 a las 10.45 horas, según se detalla en el auto al que ha tenido acceso 20minutos, por "la posible existencia de delitos de administración desleal, en concurso con delito de falsedad contable, delito fiscal y apropiación indebida", se puede leer.

Contra esta resolución, los investigados disponen de un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación siguientes a los días de su notificación, o bien un recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes.

Tanto Ortega como Diez, son políticos cercanos al entorno del diputado de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de la oposición, Mónica García.

Querella

El pasado mes de enero, el grupo Más Madrid - Ganar Móstoles exigió al Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, que "ponga de inmediato en conocimiento de la justicia" las acusaciones vertidas sobre la gestión de su portavoz al frente del IMS entre 2017 y 2018.

Esta empresa pública de vivienda presentó hace unos meses ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid un escrito de apertura de preconcurso de acreedores debido a la deuda que mantenía con el propio Consistorio.

Se tomó la decisión de presentar este escrito después de que una auditoría contable, encargada por la actual consejera delegada del IMS y edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz (PSOE), aflorara determinadas deudas de esta empresa, que obligó a reeformular saldos en la contabilidad del ejercicio 2018 que, a su vez, afecta a los ejercicios 2019 y 2020.

Tras esto, la auditoría detalló que se había dejado al descubierto una deuda con el Ayuntamiento de Móstoles de "más de 56 millones de euros", lo que obligó al Consejo de Administración del IMS a presentar este escrito ante la justicia.

"Ha quedado meridianamente claro que las cuentas del IMS, al menos desde el año 2011, no reflejaban la imagen fiel de la empresa, puesto que no se contemplaba la deuda millonaria con el Ayuntamiento de Móstoles, adquirida y mantenida por los anteriores responsables del PP y de Más Madrid Ganar Móstoles", indicó Ruiz.