El exdiputado de la CUP Pau Juvillà ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que le restituya el escaño que la secretaria general del Parlament le retiró el pasado mes de febrero mientras resuelve sobre el asunto, argumentando que su cese no está motivado ni se le ha dado audiencia.

Juvillà fue cesado como diputado por orden de la Junta Electoral, pese a que todavía no es firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a seis meses de inhabilitación por desobediencia por haberse negado a retirar unos lazos amarillos de la fachada del Ayuntamiento de Lleida en período electoral.

El exdiputado de la CUP presentó un recurso de amparo ante el TC contra la retirada del acta de parlamentario, que ha sido admitido a trámite, por lo que ahora ha pedido que cautelarmente se le restituya el escaño, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el Constitucional resuelva cuando ya esté finalizada la legislatura.

En el recurso, el exdiputado alega que la "peculiar vía escogida" por los responsables del Parlament para darle de baja "ha impedido la tramitación de un mínimo expediente" y, por lo tanto, de una "mínima audiencia al interesado, que es cesado en su cargo de forma fulminante".

El cese, añade el recurso, "se produce sin el dictado de una resolución parlamentaria motivada", de forma que el exdiputado "no ha podido tener tutela jurisdiccional previa" y está viendo afectados sus derechos fundamentales.

Además, Juvillà sostiene que, al ser adoptado su cese por un órgano "claramente inadecuado para cesar a un diputado en ejercicio", la tutela en el ámbito cautelar por parte del Tribunal Constitucional "deviene más perentoria y urgente".

Según el diputado, es "evidente" que la medida cautelar no causaría una afectación relevante al funcionamiento del Parlament, puesto que Juvillà ha sido sustituido por el siguiente miembro de su lista electoral.

Por el contrario, argumenta, si no se adopta la medida "existe la posibilidad de que el amparo se resuelva cuando ya no tenga ninguna virtualidad lo decidido por el alto tribunal", teniendo en cuenta que la legislatura tiene prevista su duración hasta el año 2025.