"Nuestra compasión puede ser ilimitada, pero nuestra capacidad para asimilar extranjeros no lo es". Con esa frase Boris Johnson defendió su nueva política migratoria que, meses después de anunciarse, se ha convertido en una nueva polémica para el Reino Unido y para un Gobierno que acumula problemas. La normativa se anunció el 14 de abril de 2022 y este martes estaba previsto que 'echase a andar' con el primer vuelo de migrantes destinado a Ruanda, país encargado de acogerles tras el acuerdo firmado entre Londres y Kigali. ¿Cuáles son las claves de la ley y por qué se le ha vuelto en contra a Downing Street?
¿En qué consiste la legislación?
Se trata de un acuerdo firmado entre el Reino Unido y Ruanda para que Londres envíe a los migrantes que lleguen a través del Canal de la Mancha. Sobre el papel, podría ser una vía de paso porque los migrantes tendrán que quedarse en Ruanda bien hasta que se resuelva su solicitud de asilo o en algunos casos sean enviados de nuevo a sus países de origen. "No podemos soportar el statu quo", aseguró el Ejecutivo británico para defender esta decisión. La norma está dotada con 144 millones de euros.
Otro de los objetivos de la ley, apunta Downing Street, es frenar "las redes de tráfico de personas" que, según las indagaciones de Londres, siguen operando en el Canal. Asimismo, en teoría la normativa se aplicará sobre todo a hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones. Tienen la opción de quedarse en Ruanda si así lo deciden y cumplen con todos los trámites, y el país africano está dispuesto a convertirse en el destino final, aunque esta no parezca ser la opción prioritaria. El pacto abarcará los próximos cinco años y las partes se comprometen a compartir información sobre las personas a las que les afecte esta ley.
¿Ya se ha aplicado la normativa?
No, una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha frenado el despegue del primer vuelo. La corte emitió una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo de nacionalidad iraquí que dejó su país en abril de 2022 e hizo una parada en Turquía antes de viajar en barco, a través del Canal de la Mancha, a Europa. Alegando estar en peligro, solicitó asilo a su llegada a Reino Unido el pasado 17 de mayo.
"El Tribunal Europeo ha indicado al Gobierno de Reino Unido que el solicitante no debe ser expulsado a Ruanda hasta tres semanas después de la entrega de la decisión interna final en su juicio judicial en curso", expresó el TEDH en una orden que finalmente afectó al resto de implicados. El primer avión tenía previsto trasladar a una decena de personas.
¿Cómo ha reaccionado el Reino Unido?
La respuesta del Reino Unido a la medida del TEDH no se hizo esperar y Londres habló de "sorpresa". Además, abre la puerta a su salida de la Convención Europea de Derechos Humanos. "Nuestra capacidad para atender a quienes llegan de forma legal se ve gravemente comprometida por quienes vienen ilegalmente", aseguró la ministra del Interior, Priti Patel, antes de poner como ejemplo a Dinamarca, que está en vías de negociar un acuerdo parecido. Según los últimos datos, en 2021 llegaron a través de embarcaciones por el Canal unas 28.526 personas. Y es que, por otro lado, Downing Street defiende sus medidas alegando que estos migrantes llegan desde Francia, "que ya es un país seguro".
¿Qué dice Ruanda?
Ruanda, tras conocer el veto del TEDH, reiteró su "compromiso" con el acuerdo firmado con el Reino Unido. "No nos disuadirán los últimos acontecimientos", comentó en este sentido la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo. De hecho, las partes aseguran que ya se encuentran "preparando el siguiente vuelo". El objetivo del país africano es además mantener el pacto tal cual está firmado en incluso ampliarlo llegado el caso.
¿Qué críticas ha recibido Johnson?
Las primeras han llegado desde las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que acusan al Gobierno de Boris Johnson de no respetar el derecho internacional por "expulsar" a los migrantes y "externalizar las responsabilidades de asilo" en un tercer país. Más suavizada ha sido la postura de la UE, que no ha querido comentar "decisiones de terceros países" pero sí ha recordado que este procedimiento "no sería legal" en la Unión (pese a que la competencia migratoria recae en los Estados miembros). "En lo que al Derecho europeo se refiere, los demandantes de asilo tienen derecho a quedarse hasta que el caso se resuelva y entretanto no pueden ser enviados a otro lugar", esgrimió la Comisión Europea.
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