La Fiscalía del Tribunal de Cuentas remite al departamento de Partidos Políticos la denuncia sobre la financiación de Más Madrid

Errejón (5i), junto a la coportavoz del grupo, Rita Maestre (4i), entre otros, finalizar la asamblea.
Rita Maestre, Íñigo Errejón y Marta Higueras.
EFE/Ballesteros

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido a otro departamento del mismo órgano la demanda interpuesta por Recupera Madrid contra sus excompañeros de Más Madrid por presunta financiación irregular al departamento competente, el de Partidos Políticos.

En la denuncia de Recupera Madrid se afirma que Más Madrid "obliga a los trabajadores contratados por el partido a donarle una parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual, obligación que se extiende al personal eventual contratado y a los denominados vocales vecinos, todo lo cual supone una infracción de la normativa de financiación de partidos políticos", según el documento al que ha tenido acceso 20minutos. 

El fiscal Manuel-Granizo Santamaría remite la denuncia a la presidenta del Tribunal de Cuentas, "a fin de que sea repartida al Departamento de Partidos Políticos, que es el órgano competente para el control externo de la actividad económico-financiera de los partidos".

Los tres concejales denunciaron el 3 de junio en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a sus antiguos compañeros de Más Madrid por "incumplir desde diciembre de 2020 la Ley de Financiación de Partidos Políticos", dijo entonces el concejal de Recupera Madrid Luis Cueto. 

La citada Ley, dicen en Recupera Madrid, "sólo llama delito a recibir y aceptar donaciones anónimas, o de personas jurídicas del extranjero o por más de 50.000 euros", por lo que estaríamos hablando de un "falta muy grave que podría sancionarse con el doble o hasta cinco veces la cantidad recaudada ilegalmente".  Por 60.000 euros recaudados, Más Madrid podría ser condenado a pagar una multa de entre 120.000 y 300.000 euros.

El grupo municipal de Más Madrid, por su parte, confía en una "rápida solución de esta controversia creada por los ediles del grupo declarado ilegal por los tribunales" y matiza que la Fiscalía, en su traslado del caso, está ante "un acto obligado, sin que esto tenga trascendencia ni suponga valoración alguna sobre el fondo del asunto, sino que constituye el procedimiento que se sigue en estos casos".

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