Nueva brecha en el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa de la capital se ha sumado a la izquierda -Más Madrid y PSOE- en el dictamen sobre la comisión de investigación para aclarar si el PP utilizó recursos públicos municipales para investigar al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Las conclusiones que han sellado este martes los tres grupos municipales cargan contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida.

En varios sentidos. Primero, porque aseguran que ha habido muchos "obstáculos" para conocer la verdad; segundo, porque han fallado muchos de los comparecientes llamados a declarar pese a que el alcalde prometió que su equipo acudiría y, tercero, señala a dos de sus concejales de más confianza: Álvaro González y Borja Carabante.

Un dictamen del que se ha apartado el PP- que llevará sus propias conclusiones en el Pleno de junio- así como, el Grupo Mixto que, también en el Pleno, defenderá que "sí hubo intento de espionaje". Vox directamente no ha participado en la redacción de las conclusiones. Para el concejal Pedro Fernández, el acuerdo al que se ha llegado "no tiene fundamento". Para él, el resumen de las sesiones que se han desarrollado durante tres meses es que "Ciudadanos se abraza a la izquierda y maneja, con la izquierda, la máquina de triturar personas". Para el PP, el apoyo de su socio de Gobierno al dictamen es "un circo" y "va en contra" del informe del Comité de Ética de EMVS y la Oficina contra el Fraude. Y por supuesto, "que ni se intentó, ni se encargó, ni se utilizó dinero público para investigar a los familiares de ayuso", dice el popular José Fernández.

Las conclusiones selladas por Cs, Más Madrid y PSOE

1. El propio alcalde, en su comparecencia de 9 de mayo de 2022, "acreditó" que la investigación interna existió, ordenada por él, y que se utilizaron medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Madrid. Y que el alcalde "decidió indagar sobre la información originaria de esta comisión, como se desprende de estas reuniones reservadas y de la propia declaración de Inmaculada Sanz en la que describió la 'preocupación del Alcalde'".

2. El presidente de la EMVS, el concejal Delegado de Vivienda, Álvaro González, "incumplió el Código Ético de la empresa al iniciar una investigación no siendo competente para ello". Esta medida está reservada en exclusiva al Comité de Ética a través del canal de denuncias, donde debería haberse personado él mismo como denunciante, David Fernández como denunciado, figurando como denuncia la información recibida de intento contratación de una agencia de detectives para fines totalmente ajenos a la EMVS, dice el documento.

3. Que el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, "se extralimitó en sus funciones y competencias" acompañando al delegado de Vivienda a la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del área de Desarrollo Urbano, donde, además de interrogar a un empleado de esta empresa pública, su Jefe de Prensa, en relación con los hechos preguntó y fue informado de los estados contables y administrativos en relación con la posible contratación de detectives para fines completamente ajenos a los de la EMVS.

4. Que el Comité de Ética de la EMVS ha investigado "solo a partir de que lo solicitara la mayoría del Consejo de Administración en la sesión extraordinaria del 18 de febrero". El informe concluye que es imposible realizar esta contratación sin que figure en la contabilidad de la empresa y, por tanto, no se ha producido, coherentemente con lo que ya se daba a conocer en los relatos periodísticos que han dado origen a esta Comisión, y es que la contratación por parte de EMVS de unos detectives era una distracción, dice el dictamen.

5. Que ninguna de las personas que han denunciado el intento de espionaje, Julio Gutiez e Isabel Díaz Ayuso, como los dimisionarios David Fernández y Ángel Carromero, señalados directamente en las informaciones que se transmiten al alcalde, han comparecido en la Comisión, y, por tanto, "la pregunta de si hubo un intento de espionaje, aún a pesar de los fuertes indicios, quedará pendiente de respuesta definitiva". Todo ello a pesar del compromiso expreso de José Luis Martínez-Almeida de que 'todo miembro del PP comparecería en comisión'. "No han asistido ni siquiera altos cargos y eventuales de su gobierno, como se deduce del difícilmente explicable expediente de dimisión de Ángel Carromero".

6. Asimismo, "no se ha podido conocer" quién informó al alcalde del intento de espionaje, como cuál fue el indicio que le llevó a solicitar al presidente de la EMVS acompaña a una reunión por el delegado de Medio Ambiente a realizar una investigación que extralimitaba sus competencias y funciones, ocultada tanto al Consejo de Administración de EMVS, como a su socio de gobierno, el Grupo Municipal Ciudadanos, dice el dictamen.

7. Ciudadanos, Más Madrid y PSOE concluyen que "se han puesto muchos obstáculos para poder conocer la verdad".

Unanimidad en las recomendaciones

En lo que han coincidido todos los grupos municipales es en las recomendaciones tras la experiencia de esta comisión de investigación. Por unanimidad, se pide a la Asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid que elabore un informe, en el plazo de cuatro meses, que obligue a todos los citados comparecer ante una Comisión no permanente de Investigación. Y, en caso de no hacerlo, sea cesado de su puesto.