La Asamblea por una Escuela Bilingüe, AEB, presentó ayer un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC, en el que se informa del incumplimento del auto de 4 de mayo que requería al conseller de Educación a ejecutar la denominada sentencia del 25 % de castellano en las escuelas.

En el escrito se insta al tribunal a que "se deduzca testimonio de particulares ante la sala de lo Civil y Penal para exigir la responsabilidad penal del Consejero de Educación, Sr. González-Cambray". En rueda de prensa, Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano, una de las entidades que forman parte de AEB, manifestó que hay "indicios de desobediencia y prevaricación, y el tribunal tiene sobradas pruebas". Arenas sentenció que "no podemos tolerar que un poder público manifieste que va a incumplir una sentencia".

Además, como medida "coercitiva y para que obligue al cumplimiento" de la resolución, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, también presente en la rueda de prensa, informó que el escrito pide al tribunal una sanción de 1.500 diarios contra Josep González-Cambray por cada día que la sentencia no se cumpla.

Alta Inspección del Estado

En el escrito se especifica que los directores de los centros son responsables la no aplicación de la sentencia, contrariamente a lo manifestado desde Educación que afirma que el responsable último es el conseller. José Domingo manifestó que los directores se tienen que atener "a las consecuencias de sus decisiones ante la ley como cualquier ciudadano", y pidió que los tribunales actúen contra ellos si no aplican el 25%.

Para averiguar qué centros cumplen con la cuota establecida de castellano, AEB pide a la consellería de Educación que envíe un cuestionario en el que se pregunte por si el castellano es lengua vehicular, y si el conseller no lo hace, solicita que sea la Alta Inspección del Estado quien los envíe, ya que "tiene todos los correos electrónicos de los directores de todos los centros educativos de Cataluña", según José Domingo.

La presidenta de Sociedad Cívil Catalana, Elda Mata, otra de las portavoces en la rueda de prensa, se ha quejado de que "la Alta Inspección puede hacer mucho más de los que ha hecho". Y finalmente, la presidenta de AEB, Ana Losada, ha querido matizar que "en ningún momento buscamos meter a nadie en la cárcel, tan solo queremos que se cumpla el derecho de los alumnos a estudiar en su lengua materna, que además, es lengua oficial en Cataluña".

Este no es el único escrito que recibió ayer el TSJC por este asunto. Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana denunciaron ayer al conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, por un presunto delito de desobediencia y otro de prevaricación al supuestamente "desobedecer" y no aplicar la sentencia del TSJC.

Por su parte, Ciutadans presentó una denuncia contra González-Cambray, en este caso, ante la fiscalía, por "incumplimiento flagrante".

Primer día del 25% de castellano

Ayer, 1 de junio, era el primer día de aplicación de al menos un 25% de clases en castellano en todos los colegios e institutos catalanes tal y como instó a Educació una interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que expiraba el pasado martes 31 de mayo. En este contexto, en el que además, el conseller Gonzàlez-Cambray era objeto de una nueva jornada de protesta del sector educativo por sus políticas "unilaterales", éste volvía a tranquilizar a las directivas y plantillas de profesores de los centros recordando que será la Generalitat la única responsable a nivel judicial de la aplicación del nuevo decreto ley del Govern en materia lingüística.

El texto fue aprobado el pasado lunes, y no indica porcentajes de castellano o de catalán generales, sino programas individualizados para cada colegio o instituto con un aval previo de Educación y con una supervisión del cumplimiento de cada proyecto por parte del propio Departament. "La responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae plenamente en la consellería", reiteró Gonzàlez-Cambray.

Por lo tanto, será la inspección la que hará un seguimiento y un acompañamiento del cumplimiento dentro de las aulas del las nuevas normativas que, dice, deben servir para que no se apliquen porcentajes en "ninguna aula" catalana.