El llamado caso Azud ha destapado un entramado de corrupción que tuvo como epicentro el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá, en concreto entre 1999 y 2013, y que fue ampliando sus redes más allá de cargos del PP, que gobernaba entonces las instituciones valencianas con mayoría absoluta. El empresario Jaime Febrer, el supuesto cabecilla, sobornó también, presuntamente y según el sumario, a políticos del PSOE como el entonces portavoz municipal Rafael Rubio a cambio de su silencio, y al abogado José Luis Vera como forma de acceder a otras administraciones bajo control del PSPV, e incluso intentó dar el salto a Andalucía.

Esta supuesta trama corrupta de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos públicos acumula más de 60 investigados, entre ellos empresarios, abogados y políticos, 290 tomos en papel y siete discos duros de 3 TB cada uno, lo que da una idea de la magnitud del caso. Además, se han practicado 44 registros y se han librado 15 requerimientos, así como una Orden Europea de Investigación, y una comisión rogatoria a Estados Unidos.

Estos son los personajes principales de la red Azud que, según los investigadores, ejercían de cabecillas de la misma.

Jaime Febrer

Empresario del sector de la construcción y responsable de un conglomerado empresarial (Axis) que entre 1999 y 2013 supuestamente se dedicó al pago de comisiones ilícitas a diferentes cargos públicos, funcionarios y abogados (por sus relaciones especiales e influencias políticas) para la obtención de decisiones administrativas acordes a sus intereses mercantiles "con total desprecio y consiguiente daño a los intereses públicos", según el sumario.

El ámbito de actuación de su grupo empresarial se desarrolló principalmente en el Ayuntamiento de València, pero también en los de Xixona, Burjassot y Benicàssim, que se tenga constancia, así como en entidades o empresas públicas como Aumsa, dependiente del Ayuntamiento de València y Acuadem, de carácter estatal. Para poder llevar a cabo los pagos de las comisiones ilícitas, Febrer utilizó cuatro vías: contratos ficticios que no obedecían a obligación alguna, comisiones en efectivo, compra de inmuebles por un precio inferior al realmente abonado o regalos.

Su abogado es Manolo Mata, que hasta hace poco más de un mes era el número 2 de Ximo Puig en el PSPV-PSOE y portavoz socialista en Les Corts Valencianes. Mata acabó dimitiendo de sus cargos orgánicos e institucionales para centrarse en la defensa legal de Febrer.

Jose María Corbín

Abogado valenciano casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de gabinete de la que fue alcaldesa de València. Esta circunstancia, según los investigadores, le permitió "conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia". Se cree que entró en contacto con el investigado Jaime Febrer a través de Alfonso Grau, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia.

Tanto Corbín como su mercantil Corbín Abogados S.L. obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias en concepto de asesoría jurídica que, en realidad, escondían gestiones ilícitas para "engrasar" adjudicaciones, además de otras cantidades en efectivo.

Alfonso Grau

Entre 1995 y 2011 fue concejal del PP, primer teniente de alcalde, vicealcalde y delegado del área de Economía y Grandes Proyectos, entre otros cargos en el Ayuntamiento de València. Los investigadores creen que cobró al menos 2 millones de euros de la trama corrupta; y del estudio de los patrimonios de sus dos hijas se ha cuantificado un "incremento patrimonial de origen ilícito" que entre 2004 y 2014 asciende a cerca de 730.000 euros.

En este periodo, Grau alquiló tres cajas de seguridad en las que constaban como autorizadas sus hijas y hay constancia de que adquirió varios inmuebles haciendo grandes desembolsos de efectivo que no había declarado.

Rafael Rubio

Fue candidato a la Alcaldía de València por el PSPV-PSOE en 2003 y posteriormente portavoz municipal y concejal. En el momento de su detención era subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, cargo del que fue destituido tras el arresto. Los investigadores creen que por guardar silencio y dejar de denunciar ciertas operaciones urbanísticas pudo obtener entre 300.000 y 750.000 euros, y han acreditado un "incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros", aunque existe el convencimiento de que "las cantidades en metálico percibidas fueron superiores a dicha cantidad", ya que en una sola comisión recibió no menos de 300.000 euros.

En julio de 2007 Rubio y su esposa, también funcionaria en el Ayuntamiento, alquilaron una caja de seguridad en una sucursal bancaria, y en esa misma época el concejal empezó a realizar ingresos en efectivo en sus cuentas, siempre mediante imposiciones inferiores a 2.000 euros para escapar del control.

José Luis Vera

Licenciado en Derecho y profesor de Derecho Civil en la UV entre 1982 y 1986. Ha ocupado decenas de cargos públicos en ayuntamientos y empresas municipales y autonómicas. Durante años también fue un prestigioso juez en la Audiencia Provincial de Valencia y, tras la llegada del PSPV al poder en 2015, fue elegido por el partido para convertirse en el asesor jurídico que combatiese la corrupción en la Diputación de Valencia.

Los investigadores estiman que pudo percibir de la trama corrupta alrededor de 1,4 millones de euros entre los años 2007 y 2012, principalmente a través de contratos simulados de prestación de servicios jurídicos que escondían otro tipo de gestiones ilícitas.

"Dicha actividad la realizaba el investigado en aquellas administraciones públicas frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido", según se recoge en la investigación.

Otras derivadas políticas

El caso Azud también ha salpicado al actual vicepresidente segundo de la mesa de Les Corts, Jorge Bellver, del PP, que fue concejal de Urbanismo en València, por aceptar presuntamente regalos de la trama a cambio de facilitar el cambio de uso de parcelas y adjudicaciones. De hecho, la jueza envió a finales de abril el suplicatorio al Parlamento valenciano para acreditar su condición de diputado y poder solicitar al TSJCV su imputación dada su condición de aforado. 

No obstante, Bellver recibió la semana pasada una diligencia del juzgado en la que la jueza le ofrece personarse en la causa. En ella se hacía referencia a un auto en el que la jueza afirmaba que en ese momento procesal (enero de 2021) no apreciaba indicios de delito para elevar el caso al TSJCV.

Del mismo modo, en el sumario también aparece el nombre del histórico dirigente del antiguo Bloc Nacionalista Valencià (hoy Més Compromís) Pere Mayor por mediar supuestamente entre la trama y el Ayuntamiento de Burjassot. La comisión pactada ascendía a 12 millones de euros, aunque finalmente el centro comercial proyectado no se acabó construyendo, por lo que no se generó esa comisión.