El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado este martes que el motivo por el que se procedió al desahucio del hombre que se suicidó este lunes en el barrio del Bon Pastor fue un "uso fraudulento" de la vivienda -pública y propiedad del consistorio- y no un impago.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado este martes en declaraciones a los medios que la víctima, un hombre adulto que vivía solo y del que no conocían más detalles, no era el titular del contrato, sino que lo era su madre, la anterior inquilina, que murió en 2018. 

A partir de ese momento, "detectamos un impago y vimos que en el piso vivía el hijo de la persona que era titular del contrato", por lo que el Ayuntamiento intentó ponerse en contacto con él para estudiar posibles alternativas, como la regularización, ayudas al pago del alquiler o un realojamiento en otra vivienda.

Quejas vecinales

"A principios de 2019 se envió un requerimiento formal solicitando información para poder estudiar la situación y, a través de la empresa administradora de fincas, nos trasladaron diferentes quejas vecinales sobre molestias: ruido, peleas y una rotación de personas que entran y salen del piso, lo que hacía pensar que se estaba llevando a cabo algún tipo de actividad ilícita", ha detallado Martín.

Un hombre se suicida en Barcelona cuando iba a ser desahuciado de un piso del Ayuntamiento

Tras el requerimiento y las quejas, Servicios Sociales procedió a hacer una visita en la que se pidió al hombre que aportase información para poder tener una idea clara sobre su situación, pero la concejal asegura que no se estableció ningún vínculo y que no obtuvieron respuesta.

Así, se activó el equipo de mediación y de seguimiento social del parque público para realizar una inspección en la vivienda, en la que los vecinos reiteraron las quejas y la entrada y salida constante de personas. Además, "no se nos dejó acceder a diversas habitaciones y se nos comentó que en dos de ellas vivían dos personas de forma temporal, por lo que había una posibilidad de realquiler y de uso fraudulento", ha indicado Martín.

Demanda de desahucio 

La concejal ha explicado que, pese a las peticiones del equipo de mediación de aportar información, el hombre siguió rechazando el contacto con este servicio, y, tras corroborar las "actividades ilícitas", el Ayuntamiento procedió a presentar la demanda de desahucio. "A partir de ese momento, ya se preveía activar recursos para atender su situación, como un realojamiento o ayudas para el alquiler", ha asegurado.

La demanda de desahucio se presentó en febrero de 2020, pero quedó paralizado por la pandemia. Por otra parte, en octubre de ese mismo año, el Ayuntamiento recibió "una queja de una persona que se dirigió a una oficina de vivienda para explicar que estaba viviendo de realquiler en una de estas habitaciones y que, de un día para el otro, la habían echado, por lo que constatamos este uso fraudulento".

La muerte del hombre que iba a ser desahuciado en Sants aviva el debate sobre la actuación de la Justicia

Finalmente, el desahucio quedó previsto para el pasado 12 de mayo y, al llegar el día, se dirigió hacia allí  "el equipo del parque público y la comitiva judicial, evidentemente sin ningún cuerpo policial convocado". Al llegar, ha detallado Martín, "nos encontramos con una persona muy nerviosa, así que paralizamos el desahucio porque no queríamos forzar la situación y acordamos la entrega de llaves para 15 días después".

Así, ha explicado la concejal, se preveía dar tiempo al hombre para poder vincularse a Servicios Sociales y "se le invitó a hacerlo". Al día siguiente, el hombre contactó con este servicio de forma presencial y allí le explicaron cómo debía proceder, pero, al contactar con él por teléfono unos días después, volvió a rechazar el apoyo municipal.

Desalojo

La entrega de llaves estaba prevista para este lunes al medio día. Cuando el equipo del parque público y la comitiva judicial llegaron a la vivienda, se encontraron con que ésta estaba vacía, por lo que procedieron a su "recuperación" al creer que "el hombre había encontrado alguna solución y se había marchado", una situación que, ha indicado Martín, es muy habitual en estos casos.

Sin embargo, mientras los operarios se encontraban en el piso, el hombre "llegó a la vivienda, entró y, al cabo de un rato, se dirigió hacia el balcón y acabó tirándose", ha explicado Martín. "Nadie esperaba que esto fuera a pasar. Cuando no hay nadie, pensamos que la persona ha encontrado una solución, porque esto es algo que pasa. La gente no se espera para dar las llaves", ha remarcado.

El Ayuntamiento "no desahucia por impago"

Martín ha subrayado que "solicitar un desahucio de una vivienda pública es un hecho absolutamente excepcional y nunca se hace por impago o por dificultad de pago. Somos un servicio público y nuestra función es proteger las situaciones de vulnerabilidad y el derecho a la vivienda, por lo que estos desahucios sólo se activan cuando hay molestias, quejas vecinales, problemas de convivencia o malos usos, pero siempre hay recursos de emergencia".

Barcelona reclama que los pisos de la Sareb sean de gestión pública y un alquiler social para las 255 familias en proceso de desahucio

En este sentido, ha detallado que en el parque público de vivienda del Ayuntamiento "hay personas que pagan 10, 20 o 30 euros al mes", por lo que ha insistido en que "ninguna demanda de desahucio se presenta por impago". En este caso, ha dicho, "nos encontramos usos fraudulentos y no hubo posibilidad de establecer un vínculo para conseguir acompañar a la persona en la búsqueda de una alternativa o de regularizar la situación".

El parque público de vivienda de Barcelona, ha indicado Martín, consta de casi 11.000 viviendas, en las cuales, en 2021, hubo 15 desahucios y 985 mediaciones. Además, sólo en seis de estos 15 desalojos había gente en la vivienda en el momento de ejecutarlo, por lo que "cuando se va a la entrega de llaves y no hay nadie, no es extraño", ha insistido la concejal.