La sentencia del TSJC que impone un porcentaje mínimo del 25% en castellano en la enseñanza obligatoria es de obligado cumplimiento. Fue ratificada por el Supremo y tiene que ejecutarse antes del 31 de mayo, aunque a afectos prácticos no se aplicará hasta el próximo curso. Su ejecución, antes o después, es una victoria del constitucionalismo civil, particularmente de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que ha sido legitimada por la justicia como parte demandante, mientras que tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio de Educación han optado por no incomodar a ERC y se han puesto de perfil. El Govern de la Generalitat se niega a aplicarla, pero tampoco quiere llevar a los centros educativos al terreno de la desobediencia frontal con la justicia.

La propuesta de modificación de la ley de política lingüística del pasado 24 de marzo, que finalmente no prosperó porque Junts se descolgó del acuerdo con PSC, ERC y Comunes, establecía que tanto el catalán como el castellano eran lenguas vehiculares y de aprendizaje. Aunque no hablase de porcentajes, suponía un cambio sustancial frente a la hispanofobia de los que quieren que la escuela sea “solo en catalán” y que el castellano sea tratado como una lengua extranjera. Ahora, en cambio, la nueva ley, que se aprobará este viernes mediante el procedimiento de lectura única, diferencia entre lengua vehicular (solo el catalán) y curricular (el castellano). En realidad, conceptos como vehicular, de aprendizaje o curricular son intercambiables en el ámbito pedagógico, pero políticamente pueden no significar lo mismo. A las palabras se las dota de un significado y libran guerras culturales. A efectos prácticos, la nueva ley no se opone a que el castellano se utilice como lengua de aprendizaje en función de la realidad sociolingüística de cada centro, pero esa diferenciación permite a los nacionalistas afirmar que plantan cara a la sentencia.

Un error político innecesario de Salvador Illa porque el acuerdo bueno era el de marzo

Se trata de un trilerismo semántico que el PSC ha regalado a los nacionalistas en aras del consenso, pero es un error político innecesario de Salvador Illa porque el acuerdo bueno era el de marzo. A los socialistas les acusarán ahora desde el PP de “liderar la insumisión” frente al TSJC, lo cual no es cierto, pero puede parecerlo porque los independentistas, con el apoyo de los Comunes, afirman que la nueva ley “blinda” la inmersión. Veremos qué dirá el TSJC, porque tampoco el decreto que prepara el Govern, dando instrucciones a los centros educativos, instará a cumplir a la sentencia. A efectos prácticos, las escuelas van a adaptarse por sí solas a ese 25% porque sus direcciones no quieren líos, y problemas más graves tienen. Pero con ese trilerismo, ERC y Junts ganan la batalla del relato.