Más Madrid se apunta a reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Desde que PP y Vox presentaran su iniciativa para reducir el número de diputados de la Asamblea regional, la actualización de la norma institucional básica de la región, que en 2023 cumplirá 40 años en vigor, ha cobrado actualidad.
Los grupos parlamentarios de PP y Vox tienen que articular una mayoría de tres quintos (90 de los 136 diputados actuales de la Cámara) si quieren que la reducción de escaños salga adelante, por lo que al menos necesitan convencer a Más Madrid o al PSOE, porque con Unidas Podemos no se llegaría al umbral modificado.
En esta tesitura, los grupos de izquierda quieren que la ocasión se utilice para modificar otros apartados del Estatuto, más allá de la fórmula que establece el tamaño de la Asamblea de Vallecas. Incluso la propia líder del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, quiere que si se llega a un consenso para la reforma se aprovecha para cambiar el nombre de la Cámara por Parlamento de Madrid.
A mediados de abril, los socialistas pusieron sobre la mesa una reforma con tres ejes: incluir en la norma básica medidas de regeneración democrática, como eliminar los aforamientos en la región; avanzar en materia de "derechos de la ciudadanía"; y blindar la autonomía financiera.
Este martes ha sido Más Madrid quien ha planteado los cambios que les gustaría plasmar en la posible iniciativa de reforma. "Queremos un Estatuto de Autonomía que hable en el lenguaje de 2023 y no en el de 1983, que es cuando se aprobó", ha destacado Mónica García, portavoz de la formación y líder de la oposición madrileña.
En total, la formación progresista ha planteado cinco cambios. Entre ellos destaca la rebaja de la barrera electoral para que los partidos políticos accedan a la Asamblea. Actualmente, una candidatura tiene que superar el 5% de los votos válidamente emitidos en unas elecciones autonómicas para tener representación parlamentaria. Más Madrid plantea sustituir ese porcentaje por una cifra: 50.000 votos.
Esta medida, defiende el partido, fomenta la pluralidad y garantiza la representación de la sociedad madrileña en su diversidad. Si este cambio hubiera estado vigente en los comicios del 4-M, los diputados de Ciudadanos seguirían sentados en la Asamblea, porque cosecharon 130.237 (el 3,57%).
La barrera electoral que tiene la Comunidad de Madrid no es la más elevada del país, ya que hasta ocho autonomías exigen menos de un 5% para abrir la puerta de sus parlamentos autonómicos a los partidos.
Blindaje de los servicios públicos
Más Madrid también defiende que se introduzca en el articulado del Estatuto una suerte de cláusula de blindaje a la financiación de los servicios públicos de la región. Como mínimo, la formación quiere que se destine un 15% del PIB anual a inversiones en sanidad, educación, servicios sociales...
En la misma línea, el partido progresista quiere preceptos que garanticen "el derecho de los madrileños" al agua y que se establezca que el Canal de Isabel II será el garante de esta prestación. El Canal no es el único ente público que aparece en el planteamiento de Más Madrid, que apuesta por que el Estatuto reconozca el servicio público que realiza Radio Televisión Madrid (RTVM), la corporación que aglutina a Telemadrid y Onda Madrid.
Más Madrid recuerda que en 1983, cuando se aprobó el Estatuto, RTVM no existía, por lo que no está contemplada. Incluirla en un texto futuro, sostienen, garantizará "su independencia y profesionalidad".
El último cambio que propone el partido liderado por Mónica García coincide con un extremo planteado también por el PSOE: la supresión de los aforamientos. Ni diputados, ni consejeros, ni vicepresidentes ni presidentes: Más Madrid quiere que no haya privilegios a la hora de ser juzgados y recuerdan que es una medida que ya está es una realidad en Baleares, Canarias, Murcia, Cantabria y La Rioja. Cuando Ciudadanos gobernaba en coalición con el PP se empezó a tramitar una medida de este tipo, pero decayó con la convocatoria adelantada de elecciones del 4-M.
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