Las operadoras encargadas de suministrar agua a los hogares españoles llevan dos años concediendo entre un 20% y un 300% más de bonificaciones en la factura desde que comenzó la pandemia, momento en que cesaron también los cortes de suministro en casos de impago (por orden del Gobierno). Entre todas estas operadoras, Aigües de Barcelona (Agbar) destaca sobre las demás como garante del derecho al agua para los usuarios más vulnerables.

Estas son las conclusiones del estudio de indicadores de abastecimiento de agua de los hogares en situación de vulnerabilidad, realizado por el Observatorio de Servicios Públicos (OSUR) en colaboración con Cáritas y presentado este martes en Madrid.

El acto presentado por Francisco Caamaño, presidente de OSUR y exministro de Justicia, ha contado con las ponencias de representantes de Cáritas y Cruz Roja, del consejero delegado de Agbar, del director de la misma empresa, Ángel Simón, y del secretario general de UGT, José María Álvarez.

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OSUR ha analizado la gestión de las operadoras de agua en 34 ciudades españolas -entre ellas las 30 más pobladas del país-, destacando entre las conclusiones de su estudio el hecho de que no ha habido ningún corte de agua por impago durante los dos últimos años, tiempo en el que han aumentado "de forma heterogénea" las peticiones de bonificación parcial o total del recibo del agua, siendo mayor el aumento en las zonas que menos bonificaban en el pasado.

Estas "bonificaciones" son concedidas por las diferentes operadoras de los casi 9.000 municipios del país en función de distintos criterios. En el caso de Agbar, que en boca de su director es una empresa que pone "a las personas en el centro", los descuentos o bonificaciones se ofrecen a unidades de convivencia con más de tres personas en el hogar, personas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial, familias con todos sus miembros en paro, jubilados con pensiones mínimas y personas que utilizan a menudo los puntos limpios de reciclaje.

El suministro de agua viene regulado por las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, que cumplen religiosamente todas las operadoras analizadas por OSUR. Los resultados del estudio exponen, de hecho, que hay compañías que cumplen con su tarea "por encima de las exigencias", lo que lleva al Observatorio a sugerir que las ordenanzas se adapten a las valoraciones del análisis "en los casos en los que han quedado obsoletas".

Los cortes de agua y el escudo social

OSUR analiza nueve cuestiones y, en función de estas, clasifica las operadoras del agua en cuatro niveles, del cero al tres. En el más alto nivel se encuentra exclusivamente la operadora Agbar. Entre el segundo y el tercero hay 23 empresas con "herramientas y voluntad para identificar y proteger a los usuarios con problemas económicos". 

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Por debajo del segundo nivel hay 10 operadores que "si realmente tuvieran que decidir a quién deben ayudar y a quién cortar el suministro tendrían problemas". Ese "si realmente tuvieran que decidir" esconde el motivo por el cual no se han efectuado cortes de agua, luz, y gas por impago desde que comenzó la pandemia: el escudo social, del que forman parte estas prohibiciones, que fue impulsado por el Ejecutivo de Sánchez para proteger a los hogares vulnerables durante la crisis sanitaria. Aunque parte de este escudo social no permanece en vigor, la que se refiere a los cortes de suministro a los hogares sí lo está, y así seguirá al menos hasta el 30 de junio, asegurando a los hogares más vulnerables unos mínimos en lo que a luz, gas y agua se refiere.