El nombre del expresidente catalán Carles Puigdemont ha aparecido en un juicio que se está celebrando en el Vaticano y que trata de aclarar ciertas irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, como la compraventa de un edificio en Londres que acabó en estafa.

En el proceso están imputadas diez personas, entre ellas el excardenal italiano Angelo Becciu —número dos de la Secretaría de Estado del Varicano entre 2011 y 2018—, a quien el papa Francisco retiró todos los derechos y le apartó de su cargo como prefecto de la Congregación para la Causas de los Santos en 2020, tras destaparse el escándalo.

Este jueves fue depositada una carta firmada por la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, también imputada, con fecha 17 de mayo en la que se cita a Puigdemont.

La carta señala que el empresario romano con contactos rusos Piergiorgio Bassi, socio de una empresa de inteligencia y seguridad con sede en Suiza, transmitió a Marogna la intención de Puigdemont de mantener una reunión con Becciu "durante el periodo de la crisis española por el referéndum independentista catalán".

"Hablé de ello con el cardenal, que me dijo que estaba disponible para escuchar lo que ocurría en España y si habría márgenes para la intervención diplomática del Vaticano", indica Marogna.

"Una condición bastante extraña"

La imputada recuerda en la carta que Bassi le dijo "que Puigdemont no podía viajar en ese momento" y que la solución era concertar "una videollamada vía Skype" entre Becciu y el líder independentista catalán, incluso con la presencia de la exasesora si el cardenal así lo pedía.

"Me puso una condición bastante extraña: Bassi pidió que la videollamada por Skype tuviera lugar exclusivamente en el piso privado del cardenal Becciu [en la Santa Sede] bajo la supervisión y por mediación de uno de sus colaboradores más cercanos [de identidad desconocida]", que acudiría al lugar con un ordenador "para utilizar una cuenta de Skype específica", se lee en el texto.

La exasesora del cardenal admite que la idea le pareció "insólita e ilógica, como mínimo", porque Becciu y ella tenían cuenta de Skype operativa que podría haberse usado para la ocasión.

"Bassi me dijo que no 'funcionaba' así y que solo siguiendo sus instrucciones se podía realizar la videoconferencia", argumenta.

"Evitar u incidente diplomático"

"Tanto Becciu como yo opinamos que algo no estaba del todo claro y le pedí a Becciu que declinara la supuesta petición de Bassi, diciendo que, tal vez, dada la gravedad política de la situación española, hubiera sido mejor que el presidente Puigdemont enviara una petición oficial a la Secretaría de Estado para solicitar un contacto diplomático entre las instituciones pertinentes, para evitar cualquier instrumentalización y un incidente diplomático", concluye.

Además de Becciu y Marogna, en el juicio están imputados el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, así como monseñor Mauro Carlino, exsecretario del purpurado; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.