Los Mossos d'Esquadra han desahuciado este miércoles a una pareja de 60 años que vivía en un piso situado en el distrito de Sant Andreu de Barcelona en régimen de alquiler social a través de la Fundació Foment de l'Habitatge Social, una entidad vinculada a Cáritas. 

En el momento del desahucio, una treintena de activistas se han concentrado en la entrada de la vivienda, en la calle Pons i Gallarza, para intentar impedir el lanzamiento, pero finalmente la comitiva judicial ha entrado y lo ha ejecutado.

Durante el proceso, los activistas concentrados se han dirigido a los antidisturbios de los Mossos para recriminarles su participación en el desahucio: "'Cumplo órdenes' no. Sois responsables. Asumid vuestra responsabilidad de que la gente se quede en la calle", gritaba un vecino. 

ACN

Maia y León, la pareja desahuciada, han acabado llevándose sus cosas sin más incidentes y han entregado las llaves. En declaraciones a los medios, él ha explicado que tiene hijos en Barcelona y que podrán ir a casa de uno  de ellos. 

Relación con Cáritas

Fuentes de Cáritas han explicado que la familia se dirigió a la entidad en 2013 para pedir ayuda para el alquiler. En aquel momento, eran cuatro adultos y un menor. Más adelante, en 2015, la familia entró en el programa Oikos de la Fundació Foment de l'Habitatge Social y pasó a vivir en un piso de alquiler social con un coste de 280 euros y el compromiso de cumplir un plan de trabajo para mejorar su situación.

Aparecen pintadas contra Cáritas en una iglesia de Barcelona por el desahucio de unos vecinos de casi 60 años

Sin embargo, desde la entidad señalan que dos años después, en 2017, la familia comenzó a incumplir este plan de trabajo y dejó de pagar el alquiler y los suministros, sobre los cuales, comentan, "generaron facturas con un coste exageradamente elevado".

Sobre esto, el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu señala que los suministros no estaban a nombre de los inquilinos y que la fundación enviaba la factura junto al pago del alquiler, "de manera que no pagar los suministros suponía un impago del alquiler". 

Por otra parte, achacan las elevadas facturas a una posible fuga y apuntan que la pareja no podía saber cuál era la última lectura ni qué precio estaba pagando por kw o por m3. Además, el hecho de no tener los suministros a su nombre hacía que no pudieran "elegir la compañía ni pedir ayudas".

Más adelante, en 2019, parte de la familia se marchó y en la vivienda quedó únicamente la pareja, a quien ya se le había acabado el periodo de alquiler. Cáritas señala que este piso es de ocho plazas y que la familia rechazó "una reubicación a otra vivienda más pequeña gestionada por la fundación". El sindicato, en cambio, señala que la pareja sí estaba dispuesta a marcharse a otro piso más pequeño de alquiler social.

El desahucio

La entidad religiosa asegura que necesitaban recuperar la vivienda para otras familias vulnerables, así que puso la situación en conocimiento de la Justicia, que ordenó el primer intento de desahucio en marzo de 2021. Sin embargo, el lanzamiento quedó aplazado por la pandemia y se volvió a intentar aquel verano, momento en el que el sindicato se reunió con Cáritas, con la fundación, con la Oficina de Vivienda del distrito y con Servicios Sociales.

En aquel momento, cuentan desde el sindicato, "tuvimos que comprometernos a encontrar una solución antes del 5 de noviembre, pero como no somos una inmobiliaria, llegó el día y Maia y León seguían allí". Entonces, Cáritas y la fundación mantuvieron otra reunión con la familia y el sindicato, en la que estos últimos denuncian que la entidad condicionó una prórroga hasta el 31 de enero a que no hubiera ninguna acción ni señalamiento contra ellos, por lo que no hubo acuerdo.

Con esta situación se ha llegado al 18 de mayo, nueva fecha programada para el desahucio, y finalmente Maia y León han tenido que abandonar la que ha sido su casa durante siete años. Horas después del lanzamiento, los vecinos han denunciado a través de las redes sociales que los han llevado a una pensión situada en un cuarto sin ascensor cuando, según cuentan, Servicios Sociales sabía que Maia "no puede subir escaleras".

El Ayuntamiento de Barcelona responsabiliza a la pareja de haber llegado a esta situación, ya que, según ha informado Betevé, fuentes del consistorio han asegurado que han rechazado "siempre" diferentes recursos "adecuados a sus características", como viviendas sociales de Cáritas, de la Bolsa de Alquiler de la ciudad, alojamientos de urgencia de Servicios Sociales o apoyo económico para los gastos de otro piso.

El sindicato, en cambio, señala que la única opción digna para la pareja era un piso con lavabo y cocina propios y no una pensión o una habitación de realquiler y es por este motivo que, aseguran, han hecho presión hasta el último momento para parar el desahucio.