La iglesia del barrio de Sant Andreu del Palomar, en Barcelona, ha aparecido este jueves con pintadas contra Cáritas en la fachada y en la puerta. Los mensajes responsabilizan a la organización del desahucio de una pareja de casi 60 años, Maia y León, programado para el 18 de mayo.

Sobre este caso, el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu explica en un comunicado que Maia, de 58 años, y León, de 59, entraron en un programa de la Fundació Foment de l'Habitatge Social, vinculada a Cáritas, que dotaba a familias vulnerables de una vivienda social durante una temporada.

Según explica el sindicato, en el tiempo de duración del programa, "la familia tiene que haber sido capaz de reinsertarse. Pasado este tiempo, la fundación se desentiende completamente y abandona a la familia sin asumir ninguna responsabilidad". Sobre este hecho, uno de los portavoces de la organización critica en declaraciones a 20minutos que Cáritas se "desentienda" sin hacer autocrítica: "Si, tras varios años, no han conseguido reinsertarse, es que algo estarán haciendo mal".

El pasado verano, señalan, "la fundación ya intentó desahuciar a Maia y a León, pero gracias a la lucha vecinal no lo lo consiguieron". Tras frenar el desalojo, el sindicato se reunió con Cáritas, con la fundación, con la Oficina de Vivienda del distrito y con Servicios Sociales, pero no fue posible encontrar una solución.

De hecho, cuentan, "fue el sindicato el que tuvo que comprometerse a encontrar una solución antes del 5 de noviembre, pero como no somos una inmobiliaria, llegó el día y Maia y León seguían allí", en el piso ubicado en la calle Pons i Gallarza. Ante esta situación, además del papel de Cáritas y la fundación, critican "la inacción de las instituciones".

Llegado el momento, en una segunda reunión únicamente con Cáritas y la fundación, "nos ofrecieron firmar un acuerdo en el que nos daban hasta el 31 de enero con la condición de que el sindicato se abstuviera de hacer ninguna acción contra Cáritas o la fundación, de señalarlos públicamente y de hacer ninguna convocatoria que impidiera la ejecución del futuro desahucio", denuncia el sindicato.

Ahora, el desahucio se ha vuelto a programar para el 18 de mayo. Durante este tiempo, el sindicato remarca que Maia y León siempre han estado dispuestos a marcharse a otro piso más pequeño con un alquiler social, pero no a quedarse en la calle. Además, la pareja ha ofrecido a Cáritas acoger a refugiados ucranianos.

Cáritas dice que la familia incumplió el plan de trabajo

Por su parte, desde Cáritas señalan que la familia, que en un principio constaba de cuatro adultos y un menor, incumplió el plan de trabajo acordado en el Programa OIKOS de la fundación -que consiste en, acompañados por un educador social, trabajar diferentes aspectos para superar la situación-, a través del cual se les había dado acceso a una vivienda en 2015 con un alquiler social de 280 euros más los suministros.

En 2017, explican, la familia dejó de pagar el alquiler y los suministros, que, señalan, "generaron facturas con un coste exageradamente elevado". Sobre esto, el sindicato señala que los suministros no estaban a nombre de los inquilinos y achacan las elevadas facturas a una posible fuga. Además, señalan que la pareja no podía saber cuál era la última lectura ni qué precio estaban pagando por kw o por m3.

La organización también apunta que, como los suministros estaban a nombre de la fundación, ésta enviaba la factura junto al pago del alquiler, "de manera que no pagar los suministros suponía un impago del alquiler", además de la "dependencia de no poder elegir la compañía y la imposibilidad de pedir ayudas".

Más adelante, en 2019, parte de la familia (dos adultos y dos menores) se marcharon, así que en la vivienda quedó únicamente la pareja, a quien ya se le había acabado el periodo de alquiler. Cáritas señala que este piso es de ocho plazas y que la familia rechazó "una reubicación a otra vivienda más pequeña gestionada por la Fundación". El sindicato, en cambio, señala que la pareja sí está dispuesta a marcharse a otro piso más pequeño de alquiler social.

Cáritas asegura que necesitaban recuperar la vivienda para ponerla a disposición de otras familias vulnerables, así que puso la situación en conocimiento de la Justicia, que ordenó el primer intento de desahucio en marzo de 2021. Sin embargo, el lanzamiento quedó aplazado por la situación pandémica y se volvió a intentar aquel verano, momento en el que se produjo la reunión y quedó acordado que la pareja dejaría la vivienda en noviembre.

Al llegar la fecha y no haber encontrado alternativa para la pareja, Cáritas y la fundación mantuvieron otra reunión con la familia y el sindicato, en la que estos últimos denuncian que la entidad religiosa condicionó la prórroga hasta el 31 de enero a que no hubiera ninguna acción ni señalamiento contra ellos, por lo que no hubo acuerdo.

Así, el desahucio está programado para el miércoles 18 de mayo. Desde el sindicato explican que están en contacto con Habitatge y con Servicios Sociales, pero piden a Cáritas y a la fundación que "se responsabilicen de la situación".