La jueza de Instrucción número 13 de València, que investiga el caso Azud, detalla en un auto del pasado mes de febrero la denominada Operación colegios, una parte de la trama calificada de "paradigmática" al entrar en ella la práctica totalidad de las personas investigadas y, fundamentalmente, aquellas a las que se les abonaron "grandes cantidades de dinero" como comisiones ilícitas por parte del grupo del empresario Jaime Febrer.

Se trata de la única en la que "convergen" los principales investigados y en la que, en un auto del pasado mes de febrero, la jueza señala las 'mordidas' que habrían recibido por esta operación el exvicealcalde de València y considerado mano derecha en su tiempo de la fallecida Rita Barberá; el cuñado de la exalcaldesa y abogado, José María Corbín; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la extinta Divalterra y administrador único de Vera Llorens, José Luis Vera. También el jefe de los servicios jurídicos del Consistorio, contra el que no se sigue la causa al haber fallecido.

El motivo: la participación directa en acciones que permitieron a las empresas participadas por Jaime Febrer quedarse con tres parcelas para edificar, en una zona en auge en València, por un precio, al menos, de 14 millones de euros inferior al de mercado (que resultaría el perjuicio para las arcas públicas), o bien, en el caso de Rubio, por silenciar y no denunciar públicamente lo que inicialmente había señalado como un "pelotazo urbanístico".

Según la magistrada, el valor de las tres parcelas hubiera podido alcanzar el doble del importe por el que se transmitieron, y todo ello "vulnerando los procedimientos establecidos para la enajenación de bienes patrimoniales y obviando todo tipo de información a los ciudadanos". Para lograr la tasación más favorable, la trama hizo uso del exedil de Urbanismo, Jorge Bellver, beneficiario de regalos, especialmente relojes.

La trama seleccionó las parcelas de su interés --en las calles Reina Violante, Círculo de Bellas Artes y Evaristo Crespo Azorín--, y logró que se fuera modificando el PGOU a su conveniencia e incluso obtuvo la tasación que le beneficiaba. Todo ello, aprovechando una "falsa argumentación" del jefe de los servicios jurídicos, que le sirvió a Grau durante todo el proceso, con escrituras pactadas directamente con Febrer en sucesivos borradores y sin que lo relativo a estos hechos tuviera reflejo en la contabilidad financiera del consistorio.

"Tabla de costes"

Los empresarios crearon una "tabla de costes" que fueron modificando y en la que se refleja el pago de 360.000 euros al responsable de los servicios jurídicos, identificado con la 'N' y 1.200.00 euros a la A (renombrada como 'AG'), Alfonso Grau, que, según consta en el auto, dio el visto bueno a recibir esa cantidad por su participación. A Corbín, que firmó un contrato con Febrer llamado "destino colegio", se le abonó 186.360 euros por esta operación en la "que no consta que tuviese intervención alguna salvo por ser cuñado de Rita Barberá".

Y a Rafa Rubio ('RR'), 300.000 euros. Según consta en el auto, Rubio recibía regalos desde 2002 --vino y champagne-- que se entregaban incluso en la sede del PSOE y mantuvo una comida con Febrer, el exresponsable de Finanzas del PSPV Pepe Cataluña y Vera, en septiembre de 2005, en la que se trató de la denuncia pública previa que había hecho y de la que se concluyó que no iba a llevar la vigilancia de lo ocurrido con la deuda a las congregaciones. Y, concreta la juez, "no iba a tener interés en revisar porque ya había cobrado una nada desdeñable comisión para ello". Por mediar y propiciar la reunión, Vera recibió una comisión de 150.000 euros.

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Desde 1999

La magistrada detalla en la resolución que, entre 1999 y 2013, el Grupo Axis y empresas participadas por algunas de sus mercantiles, se dedicó al pago de comisiones ilícitas a diferentes cargos públicos, funcionarios y abogados --por sus relaciones especiales e influencias con altos cargos-- para la obtención de decisiones administrativas "acordes a sus intereses mercantiles con total desprecio y consiguiente daño a los intereses públicos".

Según la jueza, el ámbito de actuación del grupo empresarial de Jaime Febrer se desarrolló principalmente en el Ayuntamiento de València aunque también en Xixona, Burjassot y Benicàssim y en entidades públicas como Actuaciones Urbanas de València S.A (Aumsa), dependiente del Consistorio, y Acuamed, de carácter estatal.

En el caso de la Operación colegios, intervino el Grupo Axis a través de Construcciones Valencia Constitución y de la operativa desarrollada por Mediterránea de Actuaciones Integradas (MIA), constituida en julio de 2005.

El único fin de esa constitución era la cesión por parte del Ayuntamiento de parcelas para uso residencial a cambio de pagar la deuda contraída por este por la indemnización que correspondía a diez congregaciones religiosas, a raíz de que el PGOU de 1988 aprobara la restricción de aprovechamiento urbanístico, lo que afectó a varias parcelas donde había centros docentes de esas entidades.

Indemnizaciones

El proceso judicial terminó por sentencia del Supremo en 1999 y por dos autos de ejecución de sentencia de 2006 del TSJCV, en los que se cuantificó la indemnización que debían recibir los propietarios de las parcelas en más de 31 millones de euros. En este caso, la trama consiguió que Grau lograra que el Ayuntamiento no recurriera esa resolución, un recurso que sí que presentó la Generalitat pero del que finalmente desistió.

El Ayuntamiento carecía del dinero para pagar esa deuda por lo que se urdió el plan para vender las parcelas elegidas por MIA, que adelantaba el precio de la venta y pagaba a las congregaciones, lo que supuso una modificación parcial del PGOU para desafectarlas del uso dotacional y destinarlas a residencial "y mediante valoraciones 'ad hoc' e ilegalidades contables, alcanzar un equivalente económico a la indemnización que debía ser abonada".

Tanto Jaime Febrer como la consejera e investigada Mónica Montoro, llevaron a cabo todas las actuaciones para adquirir las parcelas y elegir las que más les interesaban, para lo que se valieron del pago de las 'mordidas'.

Así se logró que el Ayuntamiento "ocultara" todo el negocio desarrollado, organizado por los dos empresarios, especialmente con la "participación activa" de Grau; la jefa de servicio de patrimonio (receptora de regalos); Jorge Bellver y los fallecidos jefe de los servicios jurídicos y del jefe de servicio de planeamiento.

En el auto se detalla el proceso de selección de las parcelas y cómo se modificó el PGOU de acuerdo con el estudio económico realizado por la propia Montoro, y los cambios posteriores en la selección según la voluntad de los empresarios.

Fue el propio Grau quien contactó con la Conselleria de Educación para la desafección del uso dotacional, y en 2006 se recibió la comunicación de este departamento haciendo saber al consistorio que no eran necesarias para implantar ningún colegio. Y, según la jueza, en enero de 2007 el propio Grau consiguió en Junta de Gobierno incluir la posibilidad de edificar VPO, lo que permitía obtener mayor edificabilidad a MAI.

Y se intervino también en la parte de las tasaciones para favorecer a la mercantil, después de que Febrer eligiera a Tinsa para hacerlo. La magistrada sostiene que en esta parte participó activamente Bellver, quien presentó una moción para que se autorizara la valoración de los terrenos por Tinsa, alegando que no había personal especializado, lo que permitió la adjudicación del contrato de valoración.

Sociedad secreta en Luxemburgo

La compra de una sociedad en Luxemburgo para residenciar dinero obtenido de forma delictiva y pagos a cuentas en el extranjero, como Estados Unidos y Francia, para ocultar dinero procedente de comisiones ilícitas son algunas de las vías que se están investigando en el caso Azud.

Así lo refleja el sumario de este caso, que investiga el cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos principalmente en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato del PP.

Las investigaciones policiales han detectado la compra de una sociedad inactiva en Luxemburgo, en la que el contrato señalaba en su cláusula la palabra "secreto" y se indicaba que el fiduciario no revelaría la identidad del mandante.

El titular real sería, según la documentación recabada en el sumario, el empresario Jaime Febrer, que habría aportado capital inicial en el que señalaba que dicho metálico no estaba vinculado directa o indirectamente a ninguna actividad delictiva.

El objetivo de la adquisición de esta sociedad de Luxemburgo era, según la documentación, residenciar dinero obtenido de forma delictiva, dentro de la estructura creada por Febrer, que incluía sociedades interpuestas para ocultar el dinero en metálico y su trazabilidad y "distraer del circuito económico" ese efectivo.

Cuentas en el extranjero

Durante las investigaciones se ha recurrido a la cooperación internacional y se ha solicitado una comisión rogatoria a Estados Unidos, domicilio de una de las hijas del exvicealcalde de Valencia y "número dos" de Rita Barberá, Alfonso Grau, casada con un ciudadano norteamericano.

La documentación incautada a Febrer y su grupo de sociedades ha permitido conocer cómo el abono de los pagos efectuados a Grau se habría canalizado a través de una cuenta abierta a nombre de su hija y de su marido en Estados Unidos.

El sumario considera que dicha cuenta está vinculada a pagos realizados a su padre por su participación en adjudicaciones y contrataciones públicas, y que para ocultar dicho pago se utilizó una cuenta en el extranjero a nombre de terceras personas.

Asimismo, se ha constatado cómo una cuenta abierta en el Citibank, también a nombre de su hija, recibió durante varios años ingresos fraccionados en días sucesivos por importes inferiores a 3.000 euros de origen desconocido y presuntamente delictivo por los hechos atribuidos a Grau, de forma que ese metálico era enviado a otra cuenta bancaria en Estados Unidos.