La Conselleria de Economía de la Generalitat asumirá desde el próximo 2 de mayo el Fondo Complementario de Riesgos que creó el Govern con una dotación inicial de 10 millones de euros, y por iniciativa del conseller de Economia, Jordi Giró, para poder hacer frente a las fianzas por valor de 5,4 millones de euros que impuso el Tribunal de Cuentas a 29 excargos del ejecutivo catalán por la gestión de la política exterior durante el 'procés' independentista. De los 34 encausados, presentaron el aval 29 personas. Al Govern no le constan, por el momento, otros solicitantes. "De hecho, es un fondo muy reciente", ha explicado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.
Inicialmente, tal y como planteó Giró, la gestión de este dinero la llevaba a cabo hasta ahora el Institut Català de Finances (ICF), pero ha sido "de manera excepcional y provisional", ha indicado Plaja. El aval, no obstante, sigue estando en el ICF.
Con el traspaso del fondo a Economia, se "evitará la provisionalidad y la temporalidad en su administración y gestión y se asegura su gestión continuada", ha dicho Plaja. Además, "permite un ahorro anual para las arcas públicas al no asumir la comisión de gestión de fondos", ha añadido. La aceptación final de este fondo por parte del Tribunal de Cuentas supone, para Plaja, que "la cobertura de estos avales era jurídicamente impecable". La Fiscalía archivó recientemente la investigación por los avales del ICF a los mencionados 29 exaltos cargos.
La razón de ser de este fondo es dar cobertura a los empleados de la administración pública catalana cuyas acciones en el ejercicio de sus funciones no queden cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial. Y, dentro de este marco, entraban los excargos del Govern del 'procés' que se enfrentaban a fianzas.
Para poder ser beneficiario de esta ayuda, los empleados públicos han de presentar una solicitud al Departament d'Economia junto a una declaración responsable en la que el solicitante manifiesta que cumple las garantías que exige el fondo. Si se demuestra algún tipo de responsabilidad contable o civil por parte del mismo, el beneficiario "deberá devolver a la Generalitat el dinero y los intereses generados", ha aseverado Plaja.
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