La Fiscalía de Barcelona ha archivado la causa a los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al no ver delito en los avales a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por la promoción del 'procés' en el extranjero.

Precisamente, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas acordó ayer revocar su rechazo inicial y aceptar los avales presentados por la Generalitat, a través del ICF, para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 promotores del "procés" por su promoción en el exterior.

Según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía de Barcelona ha dado carpetazo a la investigación que abrió en julio del pasado año, a raíz de una denuncia de Cs, para determinar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF habían cometido delito con los avales, a instancias del Govern, para cubrir esta fianza del Tribunal de Cuentas.

De hecho, en un procedimiento paralelo, la Fiscalía Superior de Cataluña ya se opuso en octubre pasado a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigara al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos avales, al entender que su finalidad resultaba "perfectamente lícita".

Coincidiendo con el posicionamiento de la Fiscalía, el TSJC decidió en noviembre pasado no investigar a Aragonès, Giró y Vilagrà, al concluir que "nada permite afirmar que el marco legal aprobado por el Govern de la Generalitat sea arbitrario por sí mismo y que posibilite sin más una administración desleal de fondos públicos".

La investigación que ahora ha archivado la Fiscalía Provincial de Barcelona se abrió en julio del pasado año, después de que la Superior le remitió la denuncia de Cs para que practicara las diligencias oportunas para dilucidar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF, que no son aforados, cometieron algún delito en la concesión de los avales.

Cs presentó su denuncia ante Fiscalía al entender que el Govern cometió una "operación fraudulenta" con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del ICF, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.

En el informe en que pedía que el TSJC no investigara a Aragonès, Giró y Vilagrà, a raíz de una querella de Vox, la Fiscalía Superior de Cataluña ya argumentó que la finalidad de los avales del ICF resultaba "perfectamente lícita" y advirtió de que la "mera articulación" de este mecanismo no implicaba un perjuicio al patrimonio público ni un delito de malversación, ya que la Generalitat conservaba el control de los fondos y los podía recuperar.

En opinión del ministerio público, solo podría haber delito en caso de una "aplicación inadecuada y displicente" de la norma, dirigida a "favorecer indebidamente" a personas que no reúnen los requisitos, o si se pretendiera "eludir o dilatar indefinidamente en el tiempo el obligado reingreso" de los fondos.