El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado la resolución en la que un juez dejó a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un paso de juicio por "abusar" de su cargo al adjudicar presuntamente contratos a dedo a un amigo desde la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Así lo ha acordado la sala civil y penal del alto tribunal catalán en un auto en el que estima los recursos de reforma presentados por Borràs y otro investigado por presunto fraude administrativo.

En un auto, han explicado que otras dos personas investigadas en la causa también han presentado recursos de apelación.

Asimismo, el magistrado ha explicado que se concede un plazo de 15 días para que las partes formulen las alegaciones convenientes.

También ha manifestado que los recurrentes "aducen la vulneración del derecho de defensa y a un proceso justo", y ha explicado textualmente que Borràs denuncia la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

Auto del 14 de marzo

El TSJC, en un auto del 14 de marzo, vio "indicios suficientemente sólidos" para juzgar a la actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, por presunto fraude administrativo y a otras tres personas.

Según el auto, las acusa de presunto delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.

El magistrado explicó que Borràs fue nombrada directora de ILC el 15 de enero de 2013, y que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de su directora 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución.

Borràs presuntamente abusó de las funciones como directora de ILC "dictando resoluciones injustas", siendo consciente de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, favoreciendo los intereses de Isaías H., en detrimento de la defensa de los intereses generales.