La Generalitat no multará las sentadas pacíficas para evitar un desalojo

Activistas y vecinos evitaron el pasado 3 de diciembre el desahucio de Carlos y su madre, de 77 años, de un piso del Eixample.
Activistas y vecinos evitaron el pasado 3 de diciembre el desahucio de Carlos y su madre, de 77 años, de un piso del Eixample.
AGENCIAS
Activistas y vecinos evitaron el pasado 3 de diciembre el desahucio de Carlos y su madre, de 77 años, de un piso del Eixample.

La consellería de Interior no sancionará por infracciones de la ley mordaza a los participantes pacíficos en protestas, ya que dará prioridad a la plena eficacia de los derechos fundamentales, por lo que no multará a los activistas que traten de impedir un desalojo sentándose ante la puerta.

Así lo ha concretado el departamento de Interior, con el conseller Joan Ignasi Elena (ERC) al frente, en un documento abierto de trabajo, remitido internamente a los jefes de servicio de la Dirección General de Administración de la Seguridad con los argumentos jurídicos para dejar de sancionar en Cataluña por infracciones de la ley si no hubo violencia.

Elena anunció en febrero pasado que estaban trabajando en un cambio de criterios para hacer prevalecer los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, el de reunión y el de información, en la tramitación de los expedientes vinculados a la Ley de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza.

En el documento de trabajo, que busca garantizar una respuesta coordinada en los órganos de Interior con competencias sancionadoras, se resalta que siempre que se trate de una protesta ciudadana pacífica, sin peligro para personas o bienes, se analizará el caso en concreto buscando una interpretación favorable hacia los derechos fundamentales y su ejercicio, por encima de la infracción tipificada, ante lo que se archivará el expediente.

El documento detalla como ejemplo de casos que no se sancionarán aquellos en que activistas se sitúen frente a la puerta de una vivienda que va a ser desalojada y que no se vayan pese a las indicaciones del mando policial, siempre que no haya ningún acto de violencia ni de resistencia más allá de obligar a los agentes a retirar a las personas implicadas para llevar a cabo el desahucio.

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