El juicio por el acoso a policías del 1-O en Pineda de Mar, en manos de la Audiencia de Barcelona 

  • Un juzgado de Arenys ha suspendido el juicio a dos tenientes de alcalde del PSC y al jefe de la policía local en 2017.
Un agente de la Policía Nacional se despide de un Mosso de Escuadra a las afueras de dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona).
Un agente de la Policía Nacional se despide de un Mosso de Escuadra a las afueras de dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona).
EFE / Andreu Dalmau

Un juzgado de Arenys de Mar (Barcelona) ha suspendido el juicio a dos tenientes de alcalde del PSC y al jefe de la policía local de Pineda de Mar en 2017, acusados de presionar a un hotel para que expulsara a los agentes de la Policía Nacional alojados por el 1-O, y lo ha enviado a la Audiencia de Barcelona.

En el juzgado de lo penal número 2 de Arenys se tenía que celebrar este lunes el juicio a los dos tenientes de alcalde -Carme Aragonés y Jordi Masnou, ambos del PSC- y al entonces jefe de la policía local de Pineda de Mar -Carles Santacreu-, para quien la Fiscalía de delitos de Odio pide tres años de cárcel y de inhabilitación por coacciones con la agravante de prevalimiento de carácter público.

Sin embargo, el juzgado ha decidido suspender la vista y remitir el caso a la Audiencia de Barcelona, al considerar que es la competente para enjuiciar este procedimiento.

Una vez la Audiencia reciba la causa, se repartirá entre las secciones penales y se fijará fecha del juicio según el calendario disponible de la sección a la que le corresponda, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según la Fiscalía, sobre las 21.00 horas del 2 de octubre de 2017 Aragonés, Masnou y Santacreu -que iba de paisano- se presentaron de "forma irregular" en un hotel de la cadena Checkin de Pineda de Mar para "conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión" de los agentes de la Policía Nacional que alojaban.

La comitiva municipal pidió entrevistarse con la dirección del establecimiento, entrando en el despacho del director, ante quien Aragonés, como máxima autoridad municipal porque el alcalde estaba fuera del municipio, junto al "apoyo amedrentador" de los demás acusados, le conminó a desalojar el contingente de policías nacionales alojados en dos hoteles de Pineda de la misma cadena, según la Fiscalía.

Ante esta exigencia, el director del hotel puso a los responsables municipales al teléfono con el gerente de la cadena hotelera, ante quien Aragonés reiteró su exigencia, si bien el responsable se negó alegando que no había habido ningún problema con sus huéspedes, según el ministerio público.

Con el objetivo de "incrementar su apremio sobre el directivo", la entonces primer teniente de alcalde le pasó el teléfono a Jordi Masnou, quien como responsable de urbanismo advirtió al gerente "en tono desafiante y conminatorio", según la Fiscalía, de que tenía que echar a "esos clientes sí o sí".

El gerente, según el ministerio público, contestó que no lo podía hacer porque los policías tenían reserva hasta el 5 de octubre, y en ese momento Masnou, "enfurecido, dando gritos", le dijo que él era "quien mandaba allí" y que "si él decía blanco es blanco" y, como el gerente no accedía a sus pretensiones, le advirtió de forma "desafiante" de que "si no echaba a los Policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años".

El gerente replicó entonces que no podía echar de esta forma a los agentes y que en todo caso tenía que hablar antes con un comisario de Policía Nacional en Madrid, ante lo que el segundo teniente de alcalde replicó que le daba igual, "que él era el que mandaba y que haría todo lo que tuviera que hacer para cerrarle los hoteles", tras lo cual la comitiva municipal abandonó el lugar.

Según la Fiscalía, tras esta conversación el gerente de la cadena Checkin, "impulsado por el temor a que las anunciadas represalias fueran llevadas a cabo por parte de las autoridades municipales", decidió redactar una carta en que aseguraba que se veían "obligados", bajo la amenaza de cerrar sus hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente policial antes de las 16.00 horas del día 3 de octubre.

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