Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red de tráfico de drogas que actuaba en la prisión de Brians 2 y que contaba con la participación de funcionarios, internos y familiares de los presos.
Los agentes han detenido once personas a quienes se les atribuyen los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Entre los implicados hay tres funcionarios de prisiones y un profesional del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).
El tráfico no solo lo hacían en el interior de la prisión sino también en Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Sabadell. Según la investigación, familiares y reclusos que salían de permiso introducían la droga en el centro penitenciario.
La investigación se inició en noviembre del 2020 gracias a la información recopilada por el equipo del área de Información y Seguridad de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (DGAP), que apuntaba a que internos de los centros traficaban con sustancias estupefacientes, introducidas desde el exterior.
Los investigadores pudieron determinar que los internos contaban con la colaboración de familiares, trabajadores del centro y de reclusos que salían de permiso y que introducían las drogas.
La policía ha podido acreditar que tres grupos de internos se dedicaban a esta actividad, cada cual con su red de colaboradores. Fruto de esto se interceptaron algunas sustancias estupefacientes después de los contactos íntimos entre familiares y del retorno de internos provenientes de permisos penitenciarios.
Detenciones
El 22 de febrero tuvo lugar un operativo policial a través del cual se hicieron siete registros domiciliarios, dos de trasteros y armarios laborales y se detuvieron once personas.
A estas se las relaciona con la presunta venta de sustancias estupefacientes en su vida particular o bien con el tráfico de sustancias en el interior de la prisión en el marco de la actividad que se desarrolla en los talleres.
Entre los arrestados hay familiares de internos que participaban activamente en la introducción de drogas en el centro. Además, se investigan doce internos a quienes se les atribuye la recepción y distribución de las drogas en el interior de la prisión.
La vertiente del dispositivo que afectaba al interior del centro penitenciario se llevó a cabo por parte de funcionarios públicos del mismo centro, en colaboración con la policía catalana. Se registraron varias celdas de los módulos donde habitaban los internos investigados. Muchos de los reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios con el fin de erradicar esta actividad delictiva.
Uno de los grupos investigados contaba con la colaboración de sus familiares, asentados en el barrio de San Ildefonso de Cornellà de Llobregat que, paralelamente, había creado un entramado de venta de drogas al por menor en este barrio y que los reportaba cuantiosos beneficios.
Se detectó que algunos de los funcionarios contactaban con ex internos o con sus familiares, con los cuales interactuaban o tenían tratos poco comunes, siendo una práctica poco habitual por parte de personal del centro penitenciario.
Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia 6 de Martorell que tuteló la causa y decretó libertad con cargos y medidas cautelares para todos.
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