Los máximos responsables de las carteras de Economía, Hacienda y Empleo y de Sanidad de la Comunidad de Madrid han insistido este viernes en que el contrato de la Administración con la empresa Priviet Sportive, que pertenece a un amigo del pueblo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y en cuya adjudicación participó su hermano, cumple con la legalidad. Javier Fernández-Lasquetty y Enrique Ruiz Escudero han comparecido juntos desde la Puerta del Sol minutos después de que la líder del Ejecutivo difundiera un comunicado en el que reconoce un pago de 55.850 euros más IVA a su familiar directo en concepto de "contraprestación por su trabajo" y no como "comisión por intermediación".

Ayuso detalla la operación comercial de su hermano: recibió un "cobro" de 55.850 euros por conseguir mascarillas en China

Esta cifra contrasta con la esgrimida por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y por su secretario general, Teodoro García Egea, que han señalado que la documentación que recibieron en Génova hace meses apunta a que el hermano de la presidenta madrileña podría haber cobrado una comisión de 283.000 euros por intervenir en este contrato. 

Los consejeros de Díaz Ayuso han 'destripado' todo lo que tiene que ver con el contrato de la Comunidad con Priviet, pero no el trato comercial que esta firma tuvo con Tomás Díaz. Esta relación, ha apuntado Fernández-Lasquetty, fue ajena a la Administración, que no tiene "posibilidad humana" de saber cuántas personas intervienen en la compra de bienes o la prestación de servicios que firma la Comunidad con terceros.

"En los últimos 24 meses se han adjudicado 4.106 expedientes (...) todos se han ajustado al procedimiento", ha asegurado Ruiz Escudero, sobre la contratación en pandemia. El responsable de Sanidad ha insistido en la "honradez" de la gestión de la Comunidad en este asunto y el de Hacienda ha remarcado que el contrato en el centro de la polémica es "absolutamente irreprochable".

Estos son principales detalles que han ofrecido los consejeros de Díaz Ayuso.

¿De cuándo data el contrato?

El contrato con Priviet Sportive se firmó en abril de 2020, en la primera ola de la pandemia de coronavirus. El estallido de contagios de Covid-19 pilló a la Comunidad de Madrid, como al resto de autonomías y de países europeos, sin grandes stock de material sanitario. 

La Administración autonómica acudió directamente a China a comprar mascarillas, batas, respiradores... los primeros aviones se esperaban para las últimas semanas de marzo, pero se retrasaron por la gran demanda internacional y en esos días de "extrema necesidad" de elementos de protección se "buscaron todas las posibilidades" en el escenario nacional e internacional para poder comprarlos, según Ruiz Escudero.

¿Qué se adquirió?

Mascarillas de tipo FFP2/ KN95. Un total de 250.000 unidades. Por cada una de ellas se pagó un precio de cinco euros, según el comunicado que ha mandado la presidenta regional este viernes. "Los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros", ha asegurado Díaz Ayuso. 

¿Dónde se compró el material?

Las mascarillas se compraron en China. Precisamente, la presidenta regional ha señalado este viernes que la factura emitida por su hermano a Priviet Sportive se corresponde con "el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid".

El material fue entregado en el hospital de emergencia que se habilitó en uno de los pabellones de Ifema. En la documentación de la Comunidad consta como recibido en ese punto. 

¿Aparece el nombre de Tomás Díaz Ayuso?

No, el nombre del hermano de la presidenta no aparece en la adjudicación del contrato con Priviet Sportive. Así lo han asegurado los consejeros madrileños y se puede comprobar en los 44 folios de documentación asociados a la adjudicación que ha distribuido este viernes la Comunidad de Madrid.

¿El contrato fue auditado?

"Ha pasado todos los controles previos y posteriores", ha señalado Fernández-Lasquetty de la adjudicación. Tanto internos de la Comunidad de Madrid como externos, ha agregado. De hecho, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo ha destacado que esta contratación fue una de las que auditó la Cámara de Cuentas regional.