El juez Ignacio Sánchez García-Porrero del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona mantiene la imputación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y rechaza el recurso presentado por la líder de BComú en el que pedía el archivo de la causa, por lo que deberá acudir a declarar en sede judicial en calidad de investigada el próximo 4 de marzo por las subvenciones concedidas por el Ajuntament a entidades afines e de forma "arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública", según los denunciantes, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática ( ATCD).
Constan como beneficiarios de dichas ayudas, consistentes en la aprobación de convenios, la concesión de subvenciones directas o la firma de contratos menores para realizar estudios o prestar servicios, el Observatori DESC y la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) –Colau estuvo vinculada a ambas organizaciones antes de dedicarse a la política– y también la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y Enginyers Sense Fronteres (ESF).
En el recurso presentado por Colau contra la admisión a trámite de la querella, no contra su citación como investigada, se argumentaba que procede el archivo del caso por no haber intervenido directamente la denunciada en al concesión de estas partidas económicas procedentes de fondos públicos. De dicho cometido se encarga un órgano gestor, en este caso, el Àrea de Drets Socials.
Por su parte, el magistrado no acepta recurso a la admisión de la querella porque el escrito presentado por la alcaldesa se limita a una "declaración exculpatoria" y recuerda que cuando se admite a trámite una denuncia es porque existen hechos "indiciariamente" constitutivos de la comisión de un delito.
En este caso, el proceso judicial se abre por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Añade el juez que si tras la investigación de los hechos se concluye que no son constitutivos de delito se podría decretar el sobreseimiento, pero en ningún caso con anterioridad. Para los denunciantes, el único fin de estas subvenciones es la "financiación de los salarios, actividades y funcionamiento de organizaciones afines".
El juzgado ha solicitado "los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021".
La querella cifra en 80 millones de euros la cantidad económica destinada a estas entidades en 2019 y 2020. Según el Ajuntament, las subvenciones denunciadas suman 1,2 millones de euros en cuatro convenios de 2014 a 2022.
Colau, convencida del "archivo" de la causa
El equipo jurídico del Ajuntament ha presentado al juzgado hasta 8 informes técnicos para que el juez cuente con toda la información necesaria antes de la declaración de Colau en sede judicial y este se muestra convencido, al igual que Colau, de que la causa será finalmente "archivada".
En su recurso, Colau, representada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, alegaba que como alcaldesa no interviene en la tramitación de los expedientes de las subvenciones y no determina ni valora la singularidad de los proyectos ni de las entidades que las solicitan, ya que se encarga de ello un órgano gestor, en este caso el Área de Derechos Sociales.
Anticorrupción ha asumido la investigación
El 20 de enero la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 21 de Barcelona por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de la ciudad condal Ada Colau.
Anticorrupción llega al procedimiento después de que el juzgado admitiera a trámite la querella presentada en diciembre por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. A la alcaldesa se le atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).
La Fiscalía archivó en julio otra investigación a la alcaldesa
El pasado mes de julio, la Fiscalía archivó la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.
En esa ocasión, y tras las diligencias practicadas, el ministerio público dio carpetazo a la investigación, al no hallar indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Aquella otra denuncia acusaba a Colau y a su equipo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias por la "reiterada y presuntamente injustificada" concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).
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