Mejorar la carrera profesional investigadora haciéndola más estable y atractiva, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento a la sociedad. Estos son los tres pilares sobre los que se erige la reforma de la ley de ciencia que se aprobó este viernes en el Consejo de Ministros. El texto llega a su segunda vuelta en manos de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien desde que tomó posesión en julio pasado ha sido la encargada de trabajar en una ley impulsada por su antecesor, Pedro Duque, hace ya un año. 

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Con una partida presupuestaria sin precedentes -3.842 millones de euros de los fondos europeos-, la futura norma buscar reformular el sistema para reparar el debilitamiento que el sistema científico viene sufriendo desde la crisis económica de 2008. El Ministerio estima que solo en el periodo de 2011 a 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores, forzando la fuga de cerebros de un gran número de personas que se vieron obligadas a buscar una salida a otros países.

Así, la temporalidad, el envejecimiento del personal y la brecha de género serán los tres ámbitos en los que se centre el paquete de medidas establecido en el texto que, tras ser aprobado este viernes, iniciará su tramitación parlamentaria para modificar la norma actual, de 2011. El "texto transformador", según destacó Morant en rueda de prensa, "viene a reparar los fallos" en el sistema de I+D+I, y a "saldar la deuda histórica con las personas que innovan". Asimismo, contempla  la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

Nuevo contrato indefinido

La reforma busca mejorar la carrera profesional pública en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Para ello, se crea un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos, asociado a líneas de investigación. Este vendría a sustituir al famoso contrato por obra y servicio que sumía a los investigadores en una espiral de contratos temporales. 

En definitiva, se trata de un contrato que no está sujeto a oferta pública o a una tasa de reposición y que, además, no requerirá de una autorización previa de Hacienda si dispone de financiación externa o procede de convocatorias de concurrencia competitiva. "Va a beneficiar a miles de investigadores y de personal técnico y de gestión que están con contratos temporales en universidades, centros de investigación, fundaciones y consorcios", destacan fuentes del Ministerio de Ciencia. 

Itinerario posdoctoral con evaluaciones

Otro asunto que se introduce es un nuevo itinerario posdoctoral que aspira a bajar la edad media de entrada al sistema y facilitar una incorporación más estable al mismo. Concretamente, se aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años (hasta ahora era de 1 a 5 años) en las universidades y organismos públicos. Máximo que podrá alargarse a ocho años cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad.

Además, por primera vez se reconoce a los investigadores predoctorales (los que suelen ser más jóvenes) y posdoctorales  el derecho a indemnización de 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El texto que llegó este viernes al Consejo de Ministros presenta ciertas modificaciones al que se expuso en consulta pública, y una de ellas es que esa indemnización se aplicará a todos los contratos que ya estén vigentes cuando entre en vigor la ley, una reivindicación que exigió el sector. 

Se establecen también dos evaluaciones dentro de ese mismo itinerario. Una primera que, de superarse, supondrá mejoras salariales; y otra que se llevará a cabo a los dos años y que, de aprobarse, otorgará a la persona evaluada el certificado R3 como investigador establecido. Esto supone una serie de beneficios; como no tener que realizar partes de las pruebas para acceder a titular en puestos públicos de investigación, y que se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Atraer a científicos de prestigio

El texto reformula también la figura de "investigador distinguido" para atraer a científicos de prestigio y trata de atraer talento extranjero abriéndoles la posibilidad de opositar si llevan un tiempo en el país. "Lo que pasaba antes es que, como había dificultades para la contratación, esta figura se desvirtuó un poco y no estaba cumpliendo la función para la que se creó", explican desde el departamento de Morant. 

Más investigación en el sistema sanitario

En una disposición adicional de la futura norma se establece que las administraciones públicas "fomentarán" la incorporación a los servicios de salud de personal investigador" a través de "categorías específicas". Así, detallan que el personal sanitario que acceda a estas categorías profesionales específicas dedicará "al menos" un 50% de la jornada a tareas de investigación. 

Menos 'papeleo' y refuerzo de la transferencia de conocimiento

La reducción del 'papeleo', de la burocracia, es otra de las medidas contempladas en la reforma. La futura norma prevé relajar la "famosa carga administrativa" a la hora de justificar las ayudas y subvenciones, y no hará falta repetir todo el procedimiento de solicitud si el proyecto ya ha sido evaluado anteriormente por otro organismo público. Es decir, se simplifica la justificación de las subvenciones y se podrá comprobar por muestreo.

Transferencia de conocimiento

Un eje sobre el que también se asienta la iniciativa es el relativo a la transferencia de conocimiento, "especialmente perjudicada por la composición de un tejido productivo en su inmensa mayoría constituido por empresas pequeñas, poco intensivas en competencias tecnológicas". Y es que, según destaca la exposición de motivos, la inversión privada en I+D de las empresas españolas dista 20 puntos de la que realiza el sector público.

En definitiva, y según indica el documento, el panorama de transferencia de conocimiento (patentes, derechos de propiedad intelectual, spin-offs, acuerdos de colaboración, etc.) es "claramente mejorable". Por ello se refuerzan los vínculos bidireccionales entre la ciencia y el ecosistema empresarial, proporcionando incentivos a los investigadores o suprimiendo los obstáculos para realizar transferencia de conocimiento.

"Transversalidad de género" y conciliación

En la ley se incluyen por primera vez artículos específicos sobre igualdad de género", destacan desde Ciencia. Así, se toman medidas concretas para lograr la igualdad real, como podrían ser programas para apoyar el progreso de las mujeres en la carrera científica, medidas de acción positiva en favor de las mujeres o programas para el fomento del emprendimiento.

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Se crea también un distintivo de igualdad de género para centros de investigación, universidades y centros de innovación que tengan criterios de excelencia en igualdad de género; y se obliga a los agentes públicos a tener y evaluar anualmente un plan de igualdad de género. Planes que, como tarde, tendrán que estar vigentes en el plazo de un año desde que entre en vigor la ley. 

Buscan también con esta iniciativa acabar con la llamada "ciencia tuerta" que no aplica la perspectiva de género en sus proyectos, obligando a las universidades y organismos públicos a integrar la dimensión de género. Asimismo, tal y como recalcó Pedro Sánchez, el Gobierno pretende "asegurar la igualdad de oportunidades" en los procesos de selección y de evaluación, que tendrán que tener una composición formada por al menos el 40% de mujeres.

Para paliar con otra de las problemáticas que suelen afectar más a las mujeres que en muchas ocasiones no pueden conciliar, se establece un periodo de excedencia para situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, y violencia de género o terrorista".

Más financiación para llegar a la media europea

Por último, en una disposición adicional se aborda el asunto de la financiación. La ley garantiza, por primera vez, una financiación en I+D+I pública, estable y creciente, para llegar al objetivo europeo de que la financiación sea del 3% del PIB total en 2030. "Eso quiere decir que el 1,25% sea de inversión pública para 2030. Aspiramos a que esa cifra, con la inversión privada, nos permita llegar al 3%", explican desde Ciencia. Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión pública en España fue del 0,58% en 2020. 

"Esto lo que supone es cumplir por nuestro pacto por la ciencia y la innovación y además garantizar esta financiación creciente con el objetivo de situarnos en la media europea", concluyen.