Un agente confirma el "perfil genético" del acusado del crimen de la Macarena en la toalla con la que se ejecutó

  • La Fiscalía reclama un total de 30 años de cárcel para el acusado, que niega los hechos.
Sala de un juzgado.
Sala de un juzgado.
EURIOPA PRESS
Sala de un juzgado.

El juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el hombre acusado de robar y asesinar supuestamente en julio de 2020 a una mujer de 54 años en una vivienda de la Macarena asfixiándola con una toalla, incendiando después la escena del crimen ha contado este martes con el testimonio de un agente de la Unidad de Policía Científica de la Policía Nacional.

Así, el agente ha ratificado su informe técnico según el cual en la toalla naranja intervenida en las actuaciones fueron detectados "perfiles genéticos" tanto del encartado, que niega la autoría del crimen, como de la víctima.

Este martes ha sido celebrada la segunda sesión del juicio, compareciendo nuevos testigos, como dos agentes de la Policía Nacional que realizaron informes periciales sobre los teléfonos móviles del acusado, Jorge A.G., para el que la Fiscalía reclama un total de 30 años de cárcel; y de la víctima, Rosalía, de 54 años de edad y cuyo cadáver fue hallado el 20 de julio de 2020 en una vivienda del entorno de la calle Cruz Roja del barrio hispalense de la Macarena, después de que dicho inmueble fuese objeto de un incendio.

En ese sentido, recordemos que el acusado ha reconocido en el juicio el "uso fraudulento" de la tarjeta bancaria de la fallecida tras recurrir a ella para servicios sexuales y robarle dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y su cartera, sustracciones todas ellas admitidas.

Empero, mientras la Fiscalía le achaca una supuesta "asfixia mecánica" y mortal de la mujer mediante una toalla que ella misma le había facilitado para que se duchase, incendiando luego el colchón donde quedó el cadáver de la mujer y huyendo del piso con dos teléfonos móviles de ella y una cartera; el acusado alega que la toalla que usó la portaba él en su propia "mochila" porque era de su hermana y aunque admite el citado robo de dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y la cartera de la mujer, niega cualquier "incendio o muerte".

De tal manera, en ese contexto en el que Jorge A.G. asegura que abandonó la vivienda con los efectos sustraídos tras haber practicado sexo con la mujer y sin hacer daño a la misma, estos agentes han explicado que la mujer ofertaba sus servicios sexuales en una página de contactos exponiendo en su anuncio que "estaba sola" en un apartamento de una "calle muy discreta", confirmando que en el teléfono de la mujer figuraba registrado como contacto el número de teléfono del encartado, mientras en el dispositivo del acusado el número de contacto de la víctima había sido "borrado".

También ha testificado un sargento del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios que ha desplegado consideraciones técnicas acerca del incendio, así como un agente de la Unidad de la Policía Científica de la Policía Nacional que, a preguntas del fiscal, ha centrado su intervención en la toalla naranja intervenida en las actuaciones y que según la investigación y la Fiscalía habría usado supuestamente el acusado para estrangular a la mujer.

En ese sentido, este especialista ha manifestado que en dicha toalla fueron detectados entre otros aspectos dos "perfiles genéticos" correspondientes al acusado y a la víctima del crimen, especificando que tal extremo refleja que la persona a la que corresponde el perfil ha tenido un "contacto directo" con el objeto en cuestión. En la toalla, no obstante y como ha reconocido, fueron detectados "distintos perfiles genéticos".

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para el encausado 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años más de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; otros dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536,60 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados.

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