Las familias de 30 niños de la escuela de Canet de Mar (Barcelona), donde el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estableció un 25% de la enseñanza en castellano en la clase de P5-A, han solicitado personarse como parte implicada en la causa para que no se aplique esta medida.

Las familias se han organizado después de que en diciembre, aseguran, la resolución del TSJC les cogiera desprevenidos. Ahora, representando una treintena de niños de P5, han decidido incorporarse a la causa abierta junto a la Generalitat para reclamar que se retire la obligación de aplicar el 25% de castellano en el aula hasta que no haya una sentencia firme.

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"Lo hacemos porque nos sentimos legítimamente interesados en el procedimiento judicial y con el objetivo de revertir estas medidas cautelares impuestas", señala Helena Díaz, portavoz de las familias. El colectivo denuncia que ni el Departamento de Educación, ni la familia que demandó la escolarización en castellano, ni el juzgado ni otro organismo les ha permitido defender sus intereses.

El colectivo también exige a la Generalitat que defienda el modelo de escuela catalana, y avisa de que agotarán todas las vías legales para defender el derecho a que se mantenga el catalán como lengua vehicular.

"Exigimos al Govern que sea valiente y digno del pueblo catalán", reclaman las familias, poniendo de manifiesto la necesidad de blindar la escuela catalana, más aun cuando el modelo aplicado hasta ahora contaba con el aval de todos los actores implicados. 

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"No callaremos ni asumiremos la utilización política de nuestros niños y niñas, no podemos tolerar la imposición de unas medidas cautelares que se escapan de todos los criterios pedagógicos y sin ningún argumento lingüístico ni social", añade Díaz.

Es por eso que la petición se ha entrado en la sección quinta del TSJC este mismo viernes, entendiendo que los padres y madres afectados no han tenido derecho a manifestar su opinión ante un cambio como el que se plantea en el modelo educativo del centro. "Además, no se explica ningún criterio pedagógico ni sociolingüístico para justificar por qué un 25% y no un 20, un 30, un 10 o un 40", añade el abogado de las familias, Benet Salellas.

El representante del colectivo asegura que la perspectiva es nueva, dado que nunca hasta ahora se había defendido que los padres intervinieran en este tipo de procedimientos ante una imposición judicial a partir de la petición de una sola familia. A pesar de impulsarse desde el aula de la escuela de Canet, se abren a incorporar más madres y padres que se encuentren en la misma situación y se quieran sumar.

Salellas ha asegurado que el TSJC tendría que aceptar la personación de las familias por ser afectados directos por el cambio, una decisión que se conocerá en los próximos días, ha avanzado.