Un grupo de educación infantil (P5) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) impartirá a partir del próximo jueves, 9 de diciembre, el 25 % de sus asignaturas en castellano por indicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La secretaria general de la consellería de Educación, Patrícia Gomà, ha instado a las familias de la escuela que estén en contra de recibir el 25 % de las clases en castellano a "hacer público su rechazo", después de que los padres de un alumno presentaran una denuncia ante el TSJC.

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La dirección de la escuela mantuvo el jueves por la tarde una reunión con las familias de P5, grupo al que pertenece la familia denunciante, en la que les informó que a partir del próximo día 9 de diciembre, en virtud del cumplimiento de una sentencia del TSJC emitida hace un mes, se deberán de empezar a impartir el 25 % de las clases en castellano.

En rueda de prensa para informar sobre la incidencia de la pandemia en los centros educativos y a preguntas de los periodistas, Patricia Gomà ha indicado que la sentencia es una más de aproximadamente 80 emitidas los últimos años por el TSJC para impartir clases en castellano, "motivada por una familia concreta y para un grupo concreto", ha dicho.

Lo que es "relevante" en este caso, según la secretaria, es que se están produciendo más reacciones de familias en contra que en los anteriores ocasiones, por lo que ha instado al resto de familias que rechazan la medida a que lo "hagan público".

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la entidad Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), que representa a la familia denunciante, ha confirmado a Efe que en la reunión mantenida el jueves "algunas familias mostraron su rechazo a las medidas cautelares dictaminadas y propusieron el inicio de una recogida de firmas contra la aplicación de la sentencia".

La entidad ha enviado en la mañana del viernes un correo electrónico a la dirección del centro, al que ha tenido acceso Efe, en el que afirma ser conocedora de "una campaña que tiene origen en los padres de algunos alumnos de la clase y que alienta a la recogida de firmas en el centro en contra de la aplicación de la sentencia y propone al AMPA para que se una a todas las posibles acciones de protesta".

Por ello, piden a la dirección de la escuela que "corte de raíz cualquier acción de protesta dentro del centro encaminada a presionar o señalar a la familia, incluida el AMPA".

La asociación afirma asimismo que "realizará un minucioso seguimiento de cualquier posible situación que pueda suponer una situación de acoso para la familia y sobre todo para el menor".

A principios del pasado mes de febrero, la Generalitat interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra otra sentencia del TSJC que ordena al Govern a garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias.

El pasado día 23 de noviembre, el Supremo no admitió ese recurso, por lo que este fallo pasó a ser firme, por lo que Ana Losada ha manifestado que "no entiende el revuelo por una nueva sentencia del TSJC, atendiendo a la demanda de una familia concreta", cuando la sentencia del Supremo obliga ya a dar el 25 % de las materias en castellano en todas las escuelas e institutos catalanes.