Funcionarios del Parlament han avisado por carta a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, de que no habilitarían el sistema electrónico de voto en el pleno sobre Pau Juvillà, ante el pánico por posibles consecuencias jurídicas, e incluso han bloqueado el sistema informático para introducir las delegaciones de voto.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias, después de que el Parlamento de Cataluña haya vivido este jueves una situación paradójica: el pleno ha aprobado un dictamen, pactado por las fuerzas independentistas, que avala mantener el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, pero al mismo tiempo ha dejado de tratarlo como un parlamentario más.

La votación del pleno ha sido más bien un acto simbólico, que aparentemente implica desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño a Juvillà, si bien en la práctica ya no se le trata como diputado, puesto que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, le ha denegado el voto delegado solicitado por la CUP y él ni tan siquiera ha sido convocado al pleno extraordinario de este jueves.

Según esas fuentes parlamentarias, los funcionarios de la Cámara han trasladado por carta a Borràs, antes del pleno, que no iban a habilitar el sistema de voto electrónico, situado en los escaños de los diputados, ante las posibles consecuencias jurídicas que se pudieran derivar.

Por ello la votación para aprobar el dictamen se ha realizado a mano alzada por los diputados en el hemiciclo, un procedimiento poco habitual, ya que el voto se produce normalmente a través de un sistema electrónico situado en cada escaño.

De hecho, el sistema de voto ya no se había podido habilitar porque los funcionarios encargados del Sistema de Información de la Actividad Parlamentaria (SIAP) han bloqueado dicho sistema informático, en el que se introducen las delegaciones de voto y se avisa de las presencias o ausencias de diputados.

Según las fuentes, el "pánico" se ha extendido entre los funcionarios de la Cámara e incluso la secretaria general del Parlament ha trasladado a Borràs una relación de trece funcionarios de distintas áreas (desde informática, telecomunicaciones, seguridad, control de accesos o gestiones internas) que se podrían ver afectados por realizar posibles gestiones relativas a Pau Juvillà.

Ese temor de los funcionarios ha llegado incluso al punto de que una funcionaria ha denunciado oralmente ante la secretaria general del Parlament, según esas fuentes parlamentarias, que se ha sentido "coaccionada" por la CUP, tras negarse a introducir en el registro la petición de delegación de voto de Pau Juvillà presentada por el grupo anticapitalista.