A punto de encarar el último año de legislatura, el Gobierno PP-Cs en Andalucía se enfrenta a una crisis que amenaza con tensar las costuras internas y podría dificultar la intención del presidente Juanma Moreno de evitar las elecciones anticipadas. En el centro de la polémica se sitúa la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, llamada a declarar como investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería dentro de la instrucción del caso Hispano Almería, que investiga la presunta financiación ilegal del PP en esta provincia.

La consejera salió este martes al paso de las informaciones para asegurar que, aunque aún no ha recibido comunicación del Juzgado, "estoy muy tranquila" y "no tengo nada que esconder". Crespo defiende que ostentó la Presidencia de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente de Almería hasta 2011, un año antes de las subvenciones del Ayuntamiento de La Mojonera a Hispano Almería que han desatado la investigación judicial. Y que el cargo que ostentaba era meramente "institucional". Por ello, mantuvo, piensa recurrir su imputación en cuanto reciba comunicación de la misma.

No obstante, el caso afecta de lleno a un Gobierno andaluz que lleva tres años marcando distancias con la corrupción imperante en las décadas previas de gobierno socialista y que incluso pactó en su día la "separación inmediata de los cargos públicos (...) que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial".

Por el momento, ni PP ni Cs consideran que sea necesario apartar a Crespo. Es más, la consejera, que compareció junto al portavoz Elías Bendodo, afirmó que "tanto Moreno como [Juan] Marín (vicepresidente de la Junta y líder de Cs) están tan tranquilos como yo".

A la espera de una declaración de Marín, quien sí se manifestó fue el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, para recordar que su partido excluye de los gobiernos en los que participa en coalición cargos públicos con la "mínima sospecha" sobre su "limpieza". "Ciudadanos es el único partido que apuesta por la regeneración democrática y nadie que tenga la más mínima sospecha, sombra de duda respecto a la limpieza de su proceder en los cargos públicos que ha podido desempeñar, puede formar parte de un Gobierno en el que Ciudadanos sea socio", declaró el portavoz antes de añadir que la formación aguardará a tener más detalles sobre la investigación para tomar medidas ulteriores.

La imputación de Crespo ha puesto de acuerdo a los grupos de la oposición para reclamar el cese de la consejera. Empezando por Vox, partido que apoyó en su día el "Gobierno del cambio" para investir a Juanma Moreno al frente de la Junta. El grupo liderado por Manuel Gavira reclamó en la cuenta oficial del partido la dimisión para "garantizar" el Gobierno "sin corruptos que merecen los andaluces" y reclamó elecciones anticipadas.

Por su parte, la secretaria de Política Municipal de Grandes Poblaciones del PSOE de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha anunciado que la formación registró ante la Diputación Permanente del Parlamento una "solicitud de comparecencia urgente del presidente de la Junta de Andalucía" para dar explicaciones por lo que definió como el "escándalo de la Gürtel andaluza". A este respecto, el portavoz adjunto del PP en el Parlamento, José Ramón Carmona, consideró una "broma de mal gusto que el partido de los ERE que quito 680 millones de euros los andaluces se atreva a habla de corrupción".

Otras formaciones de izquierdas en Andalucía, como Unidas Podemos y Adelante Andalucía, se sumaron a las peticiones de "cese inmediato" de la consejera de Agricultura. La portavoz de AA, Teresa Rodríguez, recordó que "las personas que tienen bajo su responsabilidad la gestión de dinero público tienen que estar libres de cualquier sospecha del mal uso de fondos públicos y en este caso hay una imputación".