La gestora de UGT Madrid ha abierto una investigación interna en su contabilidad para determinar la cuantía estafada a sus fondos en relación con la presunta trama corrupta de desvíos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que se conoció hace unos días.
La apertura de la investigación se lleva a cabo después de que la gestora haya puesto en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato, Luis Miguel López Reíllo, tras dimitir de su cargo.
El presidente de la gestora, Rafael Espartero, ha señalado a Europa Press que se han ratificado de la denuncia ante la Fiscalía y se han puesto a su disposición para colaborar con la Justicia.
"Queremos garantizar que los pagos se pueden realizar y facilitar la investigación. Tratamos de que haya estabilidad en el sindicato y dar respuesta al día de las peticiones de los trabajadores", ha recalcado Espartero.
De forma paralela, se ha abierto una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se han pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.
Presunto desvío de hasta 2 millones de euros
Reillo presentó hace diez días una denuncia a la Policía Judicial con indicios, aunque sin documentación relevante, de un presunto desvío irregular de dinero público que recibe UGT, como otros sindicatos del Ministerio de Trabajo, para gestionar el pago a los trabajadores acogidos al Fogasa.
Según publicó el diario 'El Mundo', el desvío de dinero público se habría situado entre el millón y los dos millones de euros. Y apuntan que en el entramado 'mafioso' se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.
Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.
El hasta ahora dirigente de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuentas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.
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