La energía eléctrica marcará este miércoles un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, donde se pagará a 291,73 euros el megavatio/hora tras encadenar seis días consecutivos de subidas. Además, en lo que va de mes, el precio mayorista medio se sitúa en 221,10 euros/MWh, un 14% más que en noviembre y un 10% más que en octubre, que es hasta ahora el mes más caro de la historia. Ante este panorama, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, admitió que el Gobierno baraja "distintas medidas, entre ellas las fiscales" para intentar que baje el recibo el año que viene. Hasta ahora, el Ejecutivo ha aprobado rebajar el IVA, el impuesto de generación eléctrica y el impuesto especial de la Electricidad, pero estas medidas caducan a final de año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no obstante, Ribera también puso el acento en que esta no es una "situación específica de España", porque en la jornada de este miércoles países como Francia, Bélgica, Austria o Hungría pagarán más por la electricidad en sus respectivos mercados mayoristas. También recordó que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas, como la reducción en "casi un 96%" de los cargos del recibo para el conjunto de los consumidores. También "se ha reducido la fiscalidad de forma enormemente significativa para todos los consumidores domésticos", agregó.

El Gobierno matiza su compromiso para sostener que "ya se cumple" la promesa de no pagar por la luz más que en 2018

Según Ribera, esas medidas permitirán cumplir el compromiso del presidente Sánchez en septiembre, cuando aseguró que al cierre de este año "todos los consumidores" con un gasto medio pagarían "lo mismo" que en 2018 descontado el efecto de la inflación. Sin embargo, la vicepresidenta dijo que esa promesa se cumplirá para "el conjunto de los hogares", es decir, para la media de las familias, lo que implica que no se cumplirá para "todos". El motivo es que las rebajas fiscales y de costes fijos han permitido que baje la factura de los consumidores con tarifas más estables, pero no han amortiguado la subida imparable de la tarifa regulada, más dependiente de los precios mayoristas. El Ejecutivo confía en que la media de los recibos de todas las familias sea similar a la de hace tres años descontado el IPC, pero parece poco probable que ese compromiso se cumpla en los hogares con la tarifa regulada.

Precios altos en el arranque de 2022

Los mercados de futuros anticipan que durante el primer trimestre de 2022 los precios mayoristas de la electricidad seguirán en cifras récord, y que después podrían moderarse, aunque continuarán también en registros muy altos. Ante esta situación, y además de las rebajas fiscales y de costes fijos en el recibo, el Gobierno ha planteado a la UE emprender una serie de reformas –por ejemplo, modificando el diseño del sistema de fijación de precios mayoristas– y adoptar medidas como una compra centralizada de gas, iniciativa esta última que la Comisión Europea previsiblemente propondrá este miércoles, según adelantó Ribera.

La vicepresidenta señaló que esta propuesta se integrará en las ideas que la Comisión planteará a los países para que, si la estiman oportuna, se sumen de forma voluntaria. Por ahora se desconocen las condiciones concretas que sugerirá el Ejecutivo comunitario, pero Ribera insistió en que una compra conjunta de varios países permitiría tener una "posición de negociación" más ventajosa, dado que se adquirirían volúmenes "más amplios" a un precio más reducido.

Con todo, fuentes gubernamentales añaden que siguen trabajando para lograr un consenso europeo en torno a la propuesta de España de reformar el mercado eléctrico mayorista, lograr la independencia energética y bajar los precios. A ella se sumaron Francia, Grecia, Rumanía y la República Checa, un hecho que provocó que la Comisión adopte ahora "medidas que proponía el Gobierno", según valoran fuentes del Gobierno, que añaden que "todavía no es suficiente" y que seguirán trabajando en ese propósito.

Plan para impulsar el hidrógeno renovable

El Consejo de Ministros, además, aprobó este martes un proyecto con cargo a los fondos europeos para impulsar las energías renovables, el hidrógeno renovable y almacenamiento, que movilizará una inversión de más de 16.300 millones y creará 280.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

El grueso de las líneas de ayuda de este plan estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos se ejecutarán hasta 2026, aunque ya hay algunos programas en marcha. Según las estimaciones del Gobierno, la inversión movilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica generará un impacto en el PIB del país superior a 12.300 millones y un valor añadido bruto de casi 11.000 millones.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que servirá para impulsar las renovables y la electrificación, y reducir la dependencia energética de combustibles fósiles del exterior, algo muy importante dada la volatilidad de los precios de la energía, que todavía durará tiempo.

El hidrógeno renovable, en el que España espera tener 4 gigavatios (GW) en 2030 (un 10 % del contemplado en la estrategia europea del hidrógeno), es el elemento que recibe más apoyo (1.555 millones, que podrían movilizar otros 2.800 millones de capital privado según los cálculos del Gobierno).

También se subvencionarán aplicaciones en el transporte pesado (embarcaciones, ferrocarriles, camiones y autobuses) y proyectos de electrolizadores de gran escala, y impulsará la sustitución del hidrógeno fósil por el hidrógeno renovable.

Las ayudas para el despliegue e integración de renovables ascienden a 765 millones, que permitirán canalizar otros 1.600 millones privados, y se destinarán, entre otros, al refuerzo de la capacidad de fabricación de equipos y componentes asociados a las renovables, así como a la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas nuevas y desarrollo del biogás, informa EFE.