El conseller de Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), ha visitado este jueves la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que desde hoy imparte seis horas y media más a la semana de clases en castellano (las dedicadas a psicomotricidad y plástica) en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas la semana pasada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tras la petición de la familia de un niño de 5 años.. 

«No estamos ante un problema real, estamos ante una mentira", ha afirmado el conseller a preguntas de los periodistas tras reunirse con la dirección del centro y con algunas familias. Lo ha hecho en catalán al negarse a responder en castellano a los medios afirmando que "hoy no era el día" para ello. El conseller estaba acompañado este jueves por la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, también de Esquerra.

Una escuela de Barcelona dará el 25% de las asignaturas en castellano desde el jueves por orden judicial

La resolución dictada por el TSJC va dirigida a la dirección del colegio, por lo que la Generalitat no puede intervenir en la misma, ha explicado el titular de Educació catalán: «La resolución del TSJC va dirigida a la dirección del centro, eso impide que Educació pueda actuar».  Gonzàlez-Cambray ha defendido el modelo de inmersión lingüística en la educación catalana como un modelo "de éxito que está blindado por la Ley Educativa Catalana (LEC) de 2009».

La familia demandante denuncia una campaña de acoso 

Por su parte, la familia que solicitó un 25% de educación en castellano para su hijo de cinco años en este centro educativo han denunciado que están siendo objeto de amenazas e insultos desde las redes sociales. "He pedido a las familias que prioricen la convivencia", ha opinado el conseller respecto a estos hechos. El próximo viernes se ha anunciado una movilización en Canet de Mar contra esta resolución judicial convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc). Padres del centro han abierto una página web para recoger firmas en contra de la sentencia que ya ha recibido unos 5.000 apoyos. 

Los padres de este alumno reciben el apoyo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y han asegurado que, a pesar del acoso, no se echarán atrás, aunque también han pedido que el colegio de su hijo no se convierta en un lugar de protesta de favorables y contrarios al modelo de inmersión lingüística en Cataluña, como la marcha prevista el próximo viernes. 

La familia también ha hecho un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación por parte de otros padres del mismo centro y, en un escrito dirigido al TSJC, ha pedido que se obligue a Educació de la Generalitat y a la dirección del colegio a "preservar la identidad, la intimidad y la seguridad" del menor y de sus padres.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnas/os (AMPA) del centro educativo de Canet de Mar, Mònica Ruz, ha defendido que se cumpla la resolución judicial: "Igual que ha habido una familia que ha hecho un recurso para pedir el 25% en castellano, hay otra serie de familias que quieren seguir teniendo el modelo que escogieron. Queremos mirar qué recorrido legal tenemos para poder seguir teniendo el modelo". 

Interior investigará las amenazas 

A este conflicto se ha referido este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha advertido que cualquier tipo de amenaza es "grave para la convivencia", por lo que se investigará el acoso denunciado por la familia del menor. La asociación Hablamos Español ha presentado igualmente una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de los mensajes de Twitter que amenazan a la familia. Piden a la institución que "proceda a investigar los hechos denunciados y que tras identificar a los autores de los tuits que incitan a la violencia y odio se proceda contra sus responsables".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este jueves que estudiará el expediente del caso de acoso contra la familia de Barcelona por pedir más castellano en el colegio de su hijo y ha trasladado “todo su apoyo” a los implicados. 

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido que se proteja la identidad de las familias que, como la de Canet de Mar, piden el cumplimiento de una resolución judicial en el ejercicio de sus derechos y ha señalado "estar convencida" de que la Generalitat la obedecerá "como no puede ser de otra manera" al tratarse de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proteja los derechos del niño de cinco años "acosado" en Canet de Mar. Y ha afirmado que elevarán el asunto al Defensor del Pueblo. 

El presidente de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado de "indignante" que el conseller de Educació, Gonzàlez Cambray, haya visitado la escuela de Canet de Mar para "alinearse con los acosadores" y no con la familia que ha denunciado hostigamiento en redes. 

La campaña de acoso comenzó, comenta Hablamos Español, a raíz de la publicación de un mensaje por parte de alguien que decía vincularse a la escuela de Canet de Mar y que decía textualmente: "Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50 % en castellano".

"No queremos supremacistas castellanos que nos odian"

"Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", fue uno de estos mensajes denunciados, que el autor del mismo ha suprimido de su cuenta, aunque la Asamblea por una Escuela Bilingüe y Hablamos Español lo han denunciado ante la Fiscalía. 

TWITTER

En otro tuit denunciado en su cuenta de Facebook por Societat Civil Catalana (SCC), una usuaria de Twitter pedía "Apartheid" para la familia "que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo".   

Manos Limpias ha interpuesto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una denuncia contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y contra el conseller Gonzàlez-Cambray por presuntos delitos de amenazas, coacciones y desobediencia por el incumplimiento del 25% de castellano en las aulas catalanas.