La Comunidad de Madrid ha vuelto este martes a mostrar todo su "apoyo" a Castilla y León en su lucha para mantener abiertas las pistas de esquí del Puerto de Navacerrada, prevista para este próximo 1 de diciembre, tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado  contra la Junta por la "ocupación ilegal" de este entorno. "Esperemos que impere el sentido común", ha señalado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No tiene cabida, lógica alguna que Navacerrada tras tantos años se cierre por motivos políticos con todo el perjuicio que ello conlleva", ha añadido la líder regional tras el 40 Congreso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

La estación de esquí de Navacerrada desafía al Gobierno: "Abriremos el 1 de diciembre"

Además, Ayuso ha asegurado que la apertura de las pistas es "muy importante" para las dos autonomías y para el deporte o los pueblos de la zona.

Este lunes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió con su homóloga madrileña y anunció que la estación tenía el visto bueno de la Junta para abrir esta semana. Pero tan solo unas horas después, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) anunció un recurso judicial para paralizar esta luz verde, que considera una confusión "deliberada" del reparto de competencias entre administraciones.

Mañueco explicó que el cierre decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez "ataca claramente el futuro económico de Navacerrada y de todo su entorno". En este sentido, explicó que el Ejecutivo central ha decidido que la Junta de Castilla y León "es la competente para declarar el cierre" por lo que ellos han considerado "que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar" dicho cierre.

Por su parte, Ayuso calificó este anuncio de "muy buena noticia". El Gobierno regional recordó que llevan "meses denunciando la medida del cierre de las pistas por injusta" y sostuvieron que esta decisión "no fue consultada ni con municipios ni comunidades afectadas". "No existían argumentos jurídicos, medioambientales, deportivos o económicos que justificaran dicha decisión", subrayaron.