Un hombre ha sido condenado a 20 meses de prisión por llevar a cabo una tala ilegal de árboles en el Parque Nacional Olympic de Washington (EE UU) y falsificar documentación para venderlos en un aserradero gracias a la coincidencia de las pruebas de ADN en los restos de los árboles talados y en la madera vendida, informa The Washington Post y recoge Gizmodo.
Es la primera vez que la prueba genética realizada en un árbol se utiliza en un juicio, aunque el impresionante rigor de los resultados, que permitieron dictaminar que el acusado había hecho lo propio con otros siete árboles que aún no han sido localizados, parece indicar que no será la última.
Los hechos tuvieron lugar entre abril y agosto de 2018, aunque parece que la investigación se centra principalmente en lo ocurrido en el día 3 del mes veraniego, según el escrito publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Washington, pues fue cuando se produjo el gran incendio forestal conocido como 'Maple Fire', que quemó más de 1.300 hectáreas y que le costó al Gobierno 4,2 millones de dólares.
El acusado, Justin Andrew Wilke, de 39 años, con la ayuda de otras dos personas, accedió al parque para talar varios arces de hoja grande, utilizados frecuentemente para la fabricación de instrumentos. Sobre uno de ellos colgaba una colmena de avispas, por lo que procedieron a esparcir insecticida sobre él. En este sentido, la Fiscalía cree que es muy probable que también empaparan el nido con gasolina y lo incendiaran, lo que después originó el 'Maple Fire'.
Los compañeros de Wilke declararon ante el tribunal que este se encontraba allí cuando empezó el fuego, aunque no pudieron esclarecer qué hizo ni cómo comenzó el incendio, lo que ha librado al acusado principal de ser condenado por los delitos relacionados con el incendio.
Así, finalmente ha sido condenado por los cargos de "conspiración, robo de propiedad pública, depredación de propiedad pública, tráfico de madera recogida ilegalmente e intento de tráfico de madera talada ilegalmente", para lo que el juez le ha impuesto una pena de 20 meses y a renunciar a los beneficios obtenidos gracias a la tala ilegal. Además, deberá pagar una indemnización al Servicio Forestal estadounidense.
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