La Fiscalía Especial contra la Corrupción reclama penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión por delitos de blanqueo, malversación y cohecho para medio centenar de ediles y colaboradores del PP de Valencia durante la etapa de Rita Barberá, entre ellos quien fuera su mano derecha, Alfonso Grau, y una multa de 146.000 euros para el Partido Popular en calidad de persona jurídica. 

Se considera culpables de un delito de blanqueo ('pitufeo') a 49 personas, en su mayoría concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia, y también al partido como persona jurídica, según consta en el escrito de acusación de 92 folios, al que ha tenido acceso EFE.

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Por estos hechos se reclama a la gran mayoría de procesados una pena de 4 años de prisión y una multa de 100.000 euros, salvo para el que fue "mano derecha" de Barberá y vicealcalde, Alfonso Grau, y para la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, para quienes la pena se eleva hasta los 6 (con idéntica multa). 

Además, se considera a Grau y a dos exresponsables de empresas municipales autores del desvío de 1,8 millones de euros de fondos públicos a campañas del PP de Valencia y, por este motivo, se les reclama una pena de 5 años de prisión y la devolución de esos fondos a las arcas públicas.

Tanto Grau como Fuster son considerados por el Ministerio Público responsables de sendos delitos de cohecho (continuado en el caso de la segunda), por el que se les pide una pena de cuatro años y uno, respectivamente.

¿Qué es el 'pitufeo'?

En las 92 páginas de su extenso escrito, el fiscal se refiere a Barberá -alcaldesa de Valencia de 1991 a 2015- como la responsable de haber "colocado" al frente de las finanzas del PP municipal a Fuster, la persona que manejó la cuenta, en la que también estuvo autorizado Grau, que fue utilizada por los acusados "para burlar" dos leyes orgánicas, la de Financiación de Partidos Políticos y la de Régimen Electoral General.

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"Dicha cuenta era empleada al antojo del grupo municipal popular y se encontraba al margen de la contabilidad del Partido Popular y, por consiguiente, de cualquier fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas", detalla Anticorrupción.

En ella se ingresaban "cantidades en metálico, unas de procedencia conocida, aunque ilegalmente ingresadas, y otras de procedencia ilícita que provenían de comisiones, gratificaciones o recompensas que aportaban personas o entidades", apunta el fiscal, quien advierte de que el PP carecía de "un sistema efectivo de control que permitiese impedir el descontrol financiero y económico existente".

En el periodo previo a las elecciones de 2015, "como habían venido haciendo al menos en 2007 y 2011, decidieron utilizar un mecanismo clásico en operativas de blanqueo de capitales" denominado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como "smurfing/strucking" ('pitufeo').

Así, "emplearon a un número reducido de personas para que hiciesen aportaciones dinerarias fraccionadas (1.000 euros) para no levantar sospechas en los reguladores financieros y, de esta forma, poder introducir en el circuito financiero el dinero metálico proveniente de las comisiones".