Dicho principio implica que quien pierde el pleito asume las costas. Esta circunstancia, sostiene el senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica, autor de la moción, constituye en la práctica "una medida que sirve para disuadir a los ciudadanos a la hora de defender sus derechos frente a la Administración", lo que, además, "perjudica el derecho a la tutela judicial efectiva".

El principio de 'vencimiento objetivo', reproducido de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tampoco responde al espíritu de la reforma que lo introdujo, aprobada el 10 de octubre de 2011 con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, sino que, por el contrario, ha contribuido a "disuadir al litigante y evitar la interposición de recursos contencioso- administrativos", lo que de facto también se traduce en una mayor falta de control de la Administración, ha señalado el PAR en una nota de prensa.

Sánchez-Garnica ha razonado que la disparidad de criterios tanto de jueces como de tribunales respecto a la limitación o no de los costes procesales genera una gran inseguridad en los ciudadanos al embarcarse en litigios contra la Administración, ya que "temen que la desestimación de sus pretensiones les pueda infringir un daño económico de mayor entidad que el beneficio que obtendrían de haber ganado".

Se trata de una circunstancia que afecta, sobre todo, a los asuntos de menor cuantía, como multas, liquidaciones tributarias menores o permisos de funcionarios.

Por último, el senador aragonés ha argumentado que como en el contencioso-administrativo cuando se condena a la Administración al pago de las costas el perjuicio económico no recae en la persona titular del órgano autor de la resolución, "es frecuente no atender en vía administrativa pretensiones fundadas de los particulares, posponiendo la solución del conflicto a la vía jurisdiccional".

Todo ello lleva al parlamentario a solicitar en su moción la supresión de la regla de 'vencimiento objetivo' en la imposición de costas en los procedimientos contencioso-administrativos, medida que considera "injusta" y "contraria al principio de tutela judicial", ha finalizado el parlamentario.