El Gobierno sigue insistiendo en que está tomando medidas para bajar la factura de la luz y este jueves se votará -previo debate- este decreto en el Congreso. Entre otras cosas, obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros. 

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.

El decreto está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tal y como marca la Constitución, en el plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, será derogado. En todo caso, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas.

No habrá problemas para el Gobierno para sacar adelante la votación. Los grupos de la izquierda de la Cámara han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión. 

Así, a los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno puede sumar, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1). Un total por encima de la mayoría absoluta, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe. En total, una mayoría que previsiblemente superaría los 180 votos, frente al rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, al igual que en el PDeCAT (4).

Estas son las medidas incluidas en el decreto

En relación con las familias con rentas bajas, el Gobierno ha aprobado por decreto el suministro mínimo vital, que establece que los consumidores vulnerables disfrutarán de una potencia de 3,5kW –suficiente, en principio, para un hogar medio– durante seis meses una vez agotados los cuatro meses durante los que actualmente están protegidos en caso de impago. Es decir, que en la práctica se extiende la prohibición de cortar la luz de cuatro a diez meses a las familias que cuenten con el bono social eléctrico

En el capítulo impositivo, el impuesto especial a la energía eléctrica baja del 5,1% al 0,5%, y se prolonga hasta finales de este año la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, que era del 7% y que el Ejecutivo ya dejó sin efecto ante la imparable escalada de los precios en el pool eléctrico. Estas medidas tendrán, por tanto, un impacto inmediato en la factura de la luz.

Además, y también hasta el 31 de marzo de 2022, el Gobierno gravará los beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas por los altos precios del gas. En la práctica, el Ejecutivo establece un tope de 20 euros por megavatio hora para el gas, y cuando escale por encima de ese precio, a los beneficios extra que obtengan las empresas se destinarán directamente a reducir la factura eléctrica. El Gobierno argumenta que ha fijado ese nivel de 20 euros porque es el precio promedio de los últimos años y, por tanto, el que las empresas han utilizado para calcular la rentabilidad de inversiones futuras.

El Gobierno también ha aumentado, de 1.100 a 2.000 millones de euros, la recaudación por derechos de emisiones que se destinan a pagar los cargos del sector eléctrico. Es decir, se destinarán 900 millones más pagados por las empresas a eliminar importes que hasta ahora sufragan los consumidores a través del recibo de la luz.

Finalmente, y tras el polémico vaciado de los embalses por parte de las eléctricas coincidiendo con los precios máximos en el mercado mayorista, el Gobierno ha decidido fijar caudales máximos que se pueden desembalsar cada mes y niveles mínimos que hay que mantener en los embalses, de modo que se impide que se desembalse una cantidad de agua excesiva. Serán las confederaciones hidrográficas las que fijarán esas cantidades.