"Tenemos que ser capaces de que las políticas que diseñemos no tengan que ser especiales para vosotras, sino pensadas sabiendo que tienen que llegaros", afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigiéndose a las mujeres que viven en el mundo rural y reconociendo el "reto" que enfrenta el Gobierno para hacer frente a la problemática de la llamada "España vaciada".

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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural este viernes, Irene Montero se trasladó al pueblo vallisoletano de San Pelayo para participar en una mesa redonda con asociaciones de mujeres del medio rural. Al acto también acudieron la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas.

Tras escuchar los obstáculos y la falta de servicios básicos que muchos pueblos de España todavía enfrentan, las tres llegaron a la misma conclusión: es urgente empezar a aplicar "una mirada distinta" a la hora de impulsar políticas públicas, para que lleguen también a los ciudadanos -y, en este caso, a las ciudadanas en concreto- del mundo rural.

"La posición en la que venimos como instituciones es de escucha y también de conciencia de la deuda que tenemos", aseveró la titular del Ministerio de Igualdad, reconociendo que las necesidades planteadas han estado "desatendidas históricamente por las administraciones y no tienen una solución fácil". Asumió así el escarpado camino para resolver "la magnitud y la profundidad" de los problemas expresados; que van desde el mal estado de las carreteras y la ausencia de una red WiFi, a la inaccesibilidad a determinados servicios públicos -como las escuelas- o el machismo, entre otros asuntos. 

Montero destacó también el cambio de percepción hacia el mundo rural que trajo consigo la pandemia, tras la cual se ha experimentado cierto cambio de actitud después de "décadas de desprecio por lo público" y de "privilegio" de las ciudades. "Si convertimos en negocios cuestiones que son derechos, al final lo que ocurre es que priman los criterios de mercado y de beneficio económico, por encima de tener, por ejemplo, un centro de salud abierto en un pueblo con pocos habitantes", señaló.

Así, la ministra afirmó que la emergencia sanitaria "ha permitido que todo lo que era invisible vlviese a ser visible" y asumió la necesidad de tomar "decisiones valientes y acciones estructurales". "No soy ilusa y sé que no es un compromiso que podamos alcanzar en una legislatura, o incluso en dos", reconoció. Con todo, se comprometió en el acto a "tomar el impulso" para poner el foco en el mundo rural y ser capaz de "garantizar todos los derechos" de los ciudadanos que viven en él, con especial incidencia en las mujeres y personas LGTBI. 

Coincidió con ella Toni Morillas, quien también calificó de "absolutamente insuficientes" los proyectos y programas que hasta ahora se han desarrollado en el mundo rural. Por ello, la directora del Instituto de las Mujeres, incidió en reorientar los programas públicos, despojándose de la "mirada urbana", con el fin de poner en el centro el ámbito rural y las mujeres. "Para esto, le hemos planteado a las que nos acompañan que nos señalen cuáles son las necesidades y los retos de las mujeres en el ámbito rural para que podamos trabajar y traducirlo en políticas públicas", declaró.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez, apeló a hacer una "reflexión mucho más profunda" sobre la gestión del territorio en el país. Centrándose en la violencia de género, "que se intensifica en el ámbito rural", puso en relieve la dificultad añadida a la que se enfrentan las víctimas al estar más aisladas y, por tanto, más alejadas de cualquier acceso a la ayuda y el apoyo. Algo que se reflejó con especial incidencia durante la pandemia y que les hizo plantear que "las herramientas que diseñásemos a partir de ahora en violencia de género fueran accesibles para quienes estaban lejos de esos recursos", mediante, por ejemplo, la tecnología. 

No obstante, este asunto destapó otros dos problemas, que son la mala conexión en muchas zonas rurales y la falta de conocimiento que hay en ocasiones sobre el uso de la tecnología. "Tenemos una responsabilidad enorme", asumió Rodríguez, afirmando que hay que poner el foco en la situación de las mujeres y de las personas LGTBI en las zonas rurales para empezar a resolver el acceso a los derechos del país.