Tierras fértiles, un paisaje verde y rico gracias a sus ríos y a tan sólo 40 kilómetros del centro de Madrid. Así es la Vega del Tajuña, un paraje natural que, detrás de esta imagen bucólica, se está convirtiendo "en una nueva Cañada Real" debido a la rapidez con la que se están levantando asentamientos ilegales y viviendas prefabricadas en zonas de cultivo. Actualmente, hay más de 1.500 casas que se encuentran "en suelo no urbanizable y totalmente protegido", lo que está provocando una verdadera catástrofe ecológica para los vecinos de la zona, como los de Morata de Tajuña o Chinchón.
Hace décadas que miles de personas se trasladaron a estas zonas y comenzaron a vivir en casas construidas en terrenos no urbanizables. Pero ahora el asentamiento ha multiplicado su extensión, con la llegada de algunos clanes desde la Cañada Real -el poblado chabolista más grande de Europa- y de familias de procedencia extranjera.
En 2017, el Gobierno regional y los consistorios de los tres municipios por los que atraviesa la Cañada Real –Madrid, Coslada y Rivas- firmaron un pacto para intentar dar solución al mayor asentamiento ilegal de Europa. Cuatro años después, aún quedan muchas cuestiones por concretar sobre cuál será el futuro de este enclave compuesto por seis sectores. Se sabe que el 6, que actualmente se encuentra sin suministro eléctrico, será plenamente desmantelado, pero sin haber acabado aún el realojo de las 150 primeras familias, el de las 700 restantes tiene visos de eternizarse.
Hace tiempo que los 'señores de la droga', como el clan de Los Gordos o Los Fernández, asentados en un tramo del sector 6 de la Cañada, el más próximo al vertedero de Valdemingómez, se marcharon de allí. En su éxodo, eligieron como nuevo asentamiento zonas cercanas situadas en el eje de la autovía de Valencia (A-3), en suelo de los términos municipales de Morata de Tajuña y Chinchón.
Muchas de estas familias viven del negocio de la droga, y tras la decisión del desmantelamiento, la aparición de la Vega del Tajuña brotó en el horizonte como una suerte de redención. Pero nada más lejos de la realidad. Los problemas con los agricultores no se hicieron esperar: amenazas de muerte, denuncias cruzadas y hasta exhibición de armas blancas y de fuego.
"Cada día nos amenazan diciendo que nos van a matar, nos sacan cuchillos e incluso a mí me han sacado armas de fuego, nos están intentando echar de la agricultura porque dicen que se van a apoderar de la zona", ha asegurado uno de los agricultores de la zona que no ha querido dar su nombre a 20minutos por miedo a que pueda sufrir alguna consecuencia.
Además, señalan que muchas de estas personas proceden del sector 6 de la Cañada Real lo que supondrá que el problema vaya a más. "Y esto no solo se va a quedar aquí, porque esta gente va a empezar a subir a los pueblos a comprar, ellos viven de la droga, y esto supone que nos van a generar una gran inseguridad ciudadana, tenemos miedo de que esto se convierta en otra Cañada", ha añadido.
Catástrofe ecológica
Los agricultores de la Vega del Tajuña se han concentrado en varias ocasiones para denunciar que las más de 1.500 casas ilegales que se encuentran en este paraje están provocado una gran catástrofe ecológica. Han recordado que, pese a estar protegida por ley, la Vega está siendo destruida a velocidad de vértigo por las ocupaciones ilegales y la instalación de viviendas, "todas ellas prohibidas", y con la entrada de coches y el vertido de aceites que contaminan el subsuelo y, en consecuencia, el Río Tajuña, el segundo de mayor longitud de la cuenca del Tajo.
"El 90% de las casas son ilegales, ahora mismo habrá más 1.500 edificaciones sin ningún tipo de licencia, y lo peor es que están construyendo muy rápido. No se puede construir, no tienen ni alcantarillado y los residuos los tiran a la tierra, provocando una catástrofe medio ambiental que repercutirá en nuestras vidas, porque nosotros vivimos de esto, del campo", ha destacado otro de los agricultores que tampoco quiso identificarse.
En este sentido, han acusado al Ayuntamiento de Chinchón, municipio en el que se localiza la Vega en su mayor parte, de "mirar para otro lado" y de "legalizar de hecho" estas construcciones absolutamente ilegales y tóxicas para la Vega, tierra fértil y de gran tradición agrícola, al cobrarles un impuesto municipal.
A parte del impacto medioambiental, donde en las zonas limítrofes de esta zona se puede observar que están atestados de neumáticos, sillones, frigoríficos, lavadoras y toda la basura que generan estas viviendas ilegales se produce otro problema, los robos. Los agricultores tienen dificultades para mover su maquinaria porque les roban. "Hay robos de cosecha, maquinaria... cualquier cosa que tengas de valor se lo llevan, gasolina, ajos etc. El miedo es constante", han asegurado los agricultores.
Modus operandi
El Ayuntamiento de Morata ha indicado que estas personas tienen una determinada forma de actuar: primero eligen un terreno, después dividen este en varias parcelas, algo que está prohibido, y hacen el vallado por encima de las tuberías "no respetando la separación mínima en caso de avería". A su vez, no respetan las medidas legales, invaden los caminos de acceso y dificultan el tránsito de la maquinaria agrícola por los mismos. Después llega la edificación, sin ningún tipo de permiso o de licencia, toman el agua de las bocas de riego y utilizan los pozos negros para vertir sus residuos.
En estos casos, las viviendas suelen ser prefabricadas de solo una altura. "El año pasado, un grupo de colombianos compró el terreno de al lado, lo dividieron en cuatro y cada uno levantó su casa", ha manifestado Manuel, un vecino de Morata de Tajuña.
La concejal de Vox en Chinchón, Yolanda Torres, ha mostrado su apoyo a los agricultores en su lucha contra los vallados y las edificaciones ilegales en el paraje natural que están provocando mucha inseguridad. "Si no se toman medidas a tiempo, se producirá un efecto llamada y se agravará el problema… acabando con un paraje natural único en nuestra región", ha sostenido.
Más problemas en la Vega
A esta problemática, se suma también la llegada de familias de origen latinoamericano y de Europa del Este, que, engañadas o no, compran suelos supuestamente urbanizables a precios muy económicos, han indicado los vecinos de Chinchón, que se quejan de la imparcialidad con las que se tratan a estas personas. Estas casas no son prefabricadas, si no que estas parcelas tiene una obra de construcción real dotadas con piscinas, jardines, barbacoas con dos plantas en el interior de la vivienda y con cámaras de vigilancia.
A simple vista, los precios de estas casas podrían parecer desorbitados, pero sorprendentemente la cantidad no suele superar los 200.000 euros, sostiene Lucía, que tiene una mercería al lado de la plaza mayor de Chinchón. Comprar una parcela, levantar una vivienda y esperar a que, como contempla la ley, la infracción prescriba a los cuatro años. Eso es todo lo que tiene que hacer un particular en Madrid para tener un chalé con piscina en medio del campo.
Más de 40 expedientes urbanísticos
Para frenar esta alarmante situación, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha abierto 41 expedientes por infracción urbanística para así sancionar a los propietarios que están levantando inmuebles en los terrenos rústicos de este paraje. Esta iniciativa corresponde a la concejalía de Medio Ambiente, que destaca que el año pasado se impusieron multas por "más de 20.000 euros", y "solo en los primeros ocho meses de 2021 ya se han recaudado 48.783 euros", ha afirmado este área del Consistorio.
"Las multas son disuasorias, pero nuestra intención es ir más lejos, y aunque suponga un largo y tedioso proceso burocrático, queremos que se destruyan todas estas construcciones y se restablezca el estado del terreno", ha señalado el primer teniendo de alcalde, Lorenzo Mora.
Para ello, desde el Ayuntamiento de Morata de Tajuña se envió hace unas semanas una carta a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, pidiendo la adhesión de Morata al Pacto por la Cañada Real Galiana. El pasado mes de mayo, el alcalde de este municipio, y de su vecino Chinchón, ya mantuvieron una reunión con la delegada para pedirle "refuerzos" ante la situación de "inseguridad" que, a su juicio, se está produciendo en la Vega del Tajuña a raíz de la "proliferación" de los asentamientos ilegales y las consecuencias del negocio de la droga pueda traer a la zona.
"No nos consta venta ni actividad delictiva por el momento", han asegurado fuentes policiales. Sin embargo, la Policía Local de Morata y Chinchón vigilan esta zona para que no se convierta en una nueva Cañada Real, o lo que es peor, en un nuevo punto de venta ilegal de droga.
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