Un juez federal en Estados Unidos bloqueó este miércoles la aplicación de la estricta ley antiabortista puesta en marcha en Texas, que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazos en ese estado sureño.
El magistrado Robert Pitman aceptó de este modo la petición del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, que a través del Departamento de Justicia había reclamado la suspensión temporal de la ley impulsada por los republicanos a la espera de que se determine su constitucionalidad.
En su fallo, el juez opinó que la ley "ha creado un mecanismo agresivo y sin precedentes para privar a sus ciudadanos de un derecho constitucional significativo y bien consagrado”.
Pitman aseguró que la ley "ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas" y que su tribunal "no permitirá que esta ofensiva privación siga ni un día más".
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
La ley más restrictiva del país
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Fue ese vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor hace un mes con el beneplácito del Tribunal Supremo, a pesar de que contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como "Roe versus Wade".
El veto de Texas -que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores en congresos estatales.
En la audiencia ante Pitman el pasado 1 de octubre, el Gobierno de Biden argumentó que con esta ley, entrada en vigor el 1 de septiembre, Texas "recurrió a un esquema sin precedentes apoyado en justicieros".
Pese al bloqueo de Pitman, lo más probable es que el estado de Texas recurra la decisión y la lleve ante la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país, para luego el caso regrese de nuevo ante el Supremo.
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