Estos hechos también fueron denunciados por el el concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, ante la Jefatura Superior de Policía, que, tras una investigación, los puso en conocimiento del Ministerio Fiscal.

De la resolución se desprende que no se produjo delito en ninguna de las modificaciones a las que fue sometido el contrato de la iluminación, contrariamente a lo que aseguraron los denunciantes, ni en relación a los contratos menores, al considerar que no se percibe propósito de favorecimiento a las adjudicatarias.

Si bien la Fiscalía considera que existen evidencias de haberse producido un fraccionamiento en varios casos, aclara que en ninguno la suma de los contratos presuntamente fraccionados superó el importe máximo establecido en la legislación vigente y, por tanto, no revisten carácter de constituir delito.

Respecto al resto de irregularidades denunciadas en el informe policial, considera que carece igualmente de relevancia penal "al no resultar tampoco acreditativas de un propósito de favorecimiento".