El documento, según ha informado el Colegio en un comunicado, ha sido redactado por la Sección de Psicología y Salud del COPG y ya ha sido remitido a la Xunta de Galicia, "con la intención de que se pueda articular un mecanismo eficaz" para evitar que se repitan situaciones como, por ejemplo, la explosión de la pirotecnia ilegal de Tui, donde los propios vecinos, recalcan, denunciaron la falta de atención.

El colegio ha indicado que, de hecho, ese accidente -que se saldó con dos víctimas mortales, docenas de heridos y en el que 30 familias perdieron sus hogares- fue "el punto de partida" para la elaboración del protocolo, puesto que esa situación provocó "una gran necesidad de atención psicológica".

En unas jornadas celebradas en noviembre de 2019 tras el accidente, se organizó un grupo de trabajo con el objetivo de redactar un documento que reuniese los criterios técnicos que debe reunir la atención psicológica en la etapa posterior a la emergencia.

"Esta situación de vacío asistencial tras la catástrofe se ha repetido en otras ocasiones, siendo apenas paliadas en las más excepcionales, como fue el accidente del tren Alvia, con un protocolo de derivación urgente a los servicios normalizados del Sergas", ha señalado el COPG.

Así, el Colegio ha recalcado que lo que se detecta es "la ausencia de una respuesta organizada y protocolizada desde los servicios de salud mental en las distintas áreas sanitarias", tras los primeros auxilios psicológicos por parte del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (Gipce).

"La intención es que, en caso de que hubiese otra situación de catástrofe, desde el COPG se activará un Observatorio da Atención Psicológica en la Post-Catástrofe, con el objetivo de evaluar en que medida las instituciones siguieron las indicaciones técnicas propuestas en el documento, y así proporcionar la mejor respuesta asistencial desde la sanidad pública", han indicado sobre el nuevo documento.

"DIFICULTADES PARA MANTENER LA ATENCIÓN"

Respecto a la situación actual, el COPG diagnostica que "una vez que el GIPCE finaliza su intervención en las situaciones de emergencia, las personas afectadas encuentran dificultades para mantener esa continuidad en la atención que necesitan", bien porque no obtienen cita en salud mental, bien porque esa cita tiene una lista de espera de meses.

Esto genera en las víctimas, según apuntan, un sentimiento de desamparo que agrava la sintomatología ya existente y, por tanto, provoca aún un mayor malestar.

"Una apropiada atención psicológica tras el suceso crítico, sin la demora en el tiempo que hoy en día existe, permitiría prevenir los trastornos psicopatológicos que pudiesen agravarse o cronificarse por no proporcionar una intervención más inmediata", han recordado.

De este modo, en el documento se protocoliza este tipo de intervención, desde el propio inicio de la misma hasta como hacer una evaluación de las personas afectadas y las modalidades de intervención (individual y grupal), así como la finalización de la intervención post-catástrofe.