En un comunicado emitido este jueves, la organización en defensa del gallego avanza la presentación de esta denuncia ante las autoridades europeas al considerar los hechos una vulneración de la Carta Europea de las Lenguas.

Además, reclama a la Xunta y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncien de forma "clara y rotunda" en oposición a lo ocurrido para "defender la dignidad colectiva del pueblo gallego y el derecho a usar" la lengua propia.

En concreto, A Mesa hace referencia a la denegación por parte del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de un documento técnico elaborado por el Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra) para la tramitación del plan especial del puerto de San Tomé y Tragove.

Los motivos, según han explicado fuentes del municipio de O Salnés, se debieron a que el documento estaba redactado en gallego. Con todo, aseguran que ese mismo informe fue remitido a varios departamentos de la Administración estatal pero únicamente fue rechazado por estar en lengua gallega por la delegación pontevedresa del servicio de Costas.

La oficina se escuda en el artículo 15 de la Ley 39/2015, donde se establece el castellano como lengua para los procedimientos administrativos. Ese mismo artículo permite que el interesado escoja la lengua en la que realizar el trámite, aunque fija que, en el caso de que existan varios interesados y hubiese una discrepancia en cuanto al idioma, el castellano prevalecería por encima del resto.

"NO ES LA PRIMERA VEZ"

A Mesa censura el proceder del departamento depediente del Ministerio para la Transición Ecológica, una cartera que, según la plataforma, "no es la primera vez" que deniega ayudas a municipios gallegos por tramitar documentación en gallego.

El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, considera lo ocurrido como una "coacción" del inisterio, que "mutila un artículo de la Ley de procedimiento administrativo para coaccionar personas y administraciones para que dejen de usar una lengua oficial".

"El Gobierno tiene que actuar y eliminar las personas gallegófobas de la administración, además de condenar un gesto de desprecio, coacción y chantaje", ha remarcado Maceira.