En un comunicado, CCOO ha indicado que, en las negociaciones que se están desarrollando entre la representación de la Administración Vasca y CCOO, ELA y ACAIP-UGT, en lo concerniente a la transferencia de la ejecución de la política penitenciaria, el Gobierno Vasco ha presentado el texto que tiene previsto remitir al Consejo de Gobierno, para su aprobación como acuerdo del mismo.

Según ha precisado el sindicato, se trata de un texto en el que se regulan las condiciones laborales que se aplicarán al personal transferido al País Vasco a partir del próximo 1 de octubre.

CCOO ha criticado que la propuesta del Gobierno Vasco "no contiene mejora alguna para la plantilla transferida y, sin embargo, empeora varias cuestiones importantes para el personal afectado".

Para CCOO, sindicato mayoritario entre los empleados de la Administración del Estado en el País Vasco, "no es de recibo que condiciones de empleo que ha costado mucho conseguir mientras la Administración del Estado ha dirigido al personal de prisiones, se pierdan y empeoren por la transferencia de la gestión de la política penitenciaria al País Vasco".

En consecuencia, CCOO no ha dado su aval a dicha propuesta y no ha firmado su conformidad con las medidas que el Gobierno Vasco va a presentar para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El cambio de Administración responsable "no puede concluir con el empeoramiento de las condiciones de trabajo de la plantilla", ha advertido.

No obstante, el sindicato no da por finalizado el proceso de negociación y le parece "positivo" el "cambio de opinión" del Gobierno Vasco en relación a la inmediata apertura de un proceso de negociación para que en el plazo de seis meses se regulen de manera más concreta las condiciones laborales de la plantilla de prisiones en el País Vasco y solicita el compromiso del Ejecutivo para que el proceso de negociación "no finalice con el deterioro de las condiciones de trabajo del personal de prisiones en el País Vasco".

"Cualquier mejora de la gestión que se pretenda hacer no será posible sin el reconocimiento del papel esencial de la plantilla de prisiones en la ejecución de la política penitenciaria, por lo que no es buena idea empeorar sus derechos y tener un conflicto con quienes trabajan directamente en las prisiones", ha concluido.