El número de demandas de despido registradas en los órganos judiciales de las Islas en el segundo trimestre de este año fue 1.964, un 9,9 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020.

El estudio del gobierno de los jueces apunta que, entre abril y junio del presente año, el Archipiélago fue el cuarto territorio del país con la tasa más alta de lanzamientos de todo tipo practicados (34 por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Murcia, Cantabria y Valencia). El número total fue de 738; el quinto en la tasa de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias (6,6, por detrás de Murcia, Cantabria, Valencia y Castilla-La Mancha), con un total de 143, y el segundo en la tasa de lanzamientos por impago de alquileres (25,8 casos por cada 100.000 habitantes, sólo superado por Baleares), un total de 561.

En lo que se refiere a juicios civiles por ocupación de viviendas (okupas), la tasa por cada 100.000 habitantes de Canarias fue la quinta más alta de España (2,3), por detrás de Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía. Se tramitaron 49 casos en el segundo trimestre de 2021.

DATOS ESTATALES.

En lo que se refiere al análisis global del movimiento de asuntos, el importante efecto que tuvo la pandemia por COVID-19 en la actividad de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 (cuando la actividad judicial se mantuvo bajo mínimos, con la población confinada y los plazos procesales suspendidos) hace que la comparación de los datos del segundo trimestre de 2021 con los del mismo periodo del año anterior sean escasamente significativos. Por ese motivo, el informe complementa los datos de este año con las evoluciones respecto al segundo trimestre de 2019.

Así, en lo que se refiere a datos nacionales, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2021, 11.571, ha sido un 736,7 por ciento mayor que en el mismo trimestre de 2020, mientras que respecto al segundo trimestre de 2019 se ha observado una disminución del 21,2 por ciento.

El 69,4 por ciento de los lanzamientos, 8.028, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.849 (el 24,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 694 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado un incremento del 849,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2020 y una disminución del 25,3 por ciento respecto al correspondiente de 2019. Los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos han aumentado un 692,5 por ciento respecto a hace un año, mientras que en relación con el mismo trimestre de 2019 han disminuido un 18,9 por ciento. Los derivados de otras causas, se han incrementado un 891,4 por ciento respecto al segundo trimestre de 2020 y han sufrido un decremento del 28,4 por ciento respecto a 2019.

Cataluña -con 2.624, el 22,7 por ciento del total nacional- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2021, seguida por Andalucía, con 1.794; la Comunidad Valenciana, con 1.760, y Madrid, con 1.178.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.904, el 23,7 por ciento del total nacional; seguida por Andalucía, 1.185, la Comunidad Valenciana, 1.070, y Madrid, con 930. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con 641, seguida de Andalucía, con 492; Cataluña, 453; y Murcia, 247.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2021 fue de 18.574, un 167,1 por ciento más que en mismo trimestre de 2020, y un 0,11 por ciento menos que en 2019. De ellos, 9.259 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 877,7 por ciento y una disminución del 15 por ciento respecto a 2019.