El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha comparecido este viernes en la Asamblea de Madrid, tan solo unas horas después de que el pleno de la cámara rechazase su ratificación, con el voto en contra de toda la oposición y la abstención de Vox. Sánchez ha aseverado que su puesto en la corporación es "provisional" y ha afirmado que no ha recibido injerencias del Gobierno, como también ha asegurado que los ceses que se han producido en el ente en los dos últimos meses venían obligados por el relevo del director general.
Sánchez ha acudido a la comisión de RTVM a petición de Más Madrid y el PSOE, que le han citado para informar sobre plan de trabajo que ha ejecutado desde su designación por el Consejo de Gobierno, el pasado mes de julio, y de las previsiones que tiene. Antes que él ha comparecido ante el mismo órgano la presidenta del Consejo de Administración de la corporación pública, Celia Ferrero, que se ha referido a la situación actual que se vive como "compleja" y de "inseguridad jurídica", por lo que ha llamado a los grupos a "llegar a acuerdos" para solventarla.
Los portavoces de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han insistido mucho durante sus intervenciones en el "cambio drástico" que se ha producido en la línea editorial de Telemadrid y Onda Madrid desde la llegada de Sánchez. "Ha sido de 180 grados", ha afeado la portavoz 'morada', Vanesa Lillo, "se cortan las informaciones para cubrir actos de Ayuso", ha agregado. Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, ha opinado que hay "una falta absoluta de pluralismo" en los informativos. "Solo existe Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera el PP", ha apuntado. Por su parte, la portavoz socialista, Irene Lozano, se ha referido a la reforma como "atropello legal impulsado por Ayuso" y ha destacado que el único órgano "que preserva una conexión aún con la ciudadanía de Madrid" en RTVM es su Consejo de Administración.
Sánchez ha negado que haya recibido injerencias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que accedió al cargo, de nueva creación en la reforma que se aprobó en julio. "No he tenido ni mensajes ni recados (...) no conozco el despacho de ningún consejero", ha insistido el administrador provisional. Sí que ha señalado Sánchez que Radio Televisión Madrid es una sociedad "y en todas las sociedades quien manda son los accionistas", para señalar a continuación que "en este caso hay un accionista único", que es la Comunidad de Madrid.
Durante su comparecencia, Sánchez ha destacado que la corporación pública madrileña es la más barata de España en relación a los habitantes de la comunidad -a los que cuesta "11 euros al año" per cápita, según los datos que ha facilitado el propio Sánchez- y, al menos en parte, se ha arrogado esta circunstancia y la propia supervivencia del ente.
El hoy administrador provisional ha señalado que cuando inició su anterior etapa en la cadena (fue director general de 2011 a 2014) el presupuesto era de 130 millones y durante su mandato se redujo a 72 millones y ahora está en 74,8. En gran parte, ese minoración de presupuesto se produjo por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplicó durante el mandato de Sánchez, al que este viernes se ha referido como "operación para salvar Telemadrid", porque los gastos en personal representaban "el 60%" de los gastos de explotación, y al cambio de modelo en la sociedad, que externalizó numerosos servicios que antes prestaba con medios propios.
La oposición también le ha afeado los números ceses que ha firmado desde que fue nombrado y Sánchez les ha achacado un desconocimiento de la normativa. "Yo no he cesado a nadie (...) en sus contratos ponía que cesaban automáticamente con el director general", ha aseverado. José Pablo López, el director general, cesó en su puesto con la aprobación de la reforma de Telemadria.
Elección del nuevo director general
Celia Ferrero, presidenta del Consejo de Administración de RTVM, ha reconocido durante su comparecencia que "no" le gustó la reforma ejecutada en julio y que la corporación se encuentra desde entonces en una situación de "provisionalidad" que no es deseable y ha hecho un llamamiento a los partidos a acabar con ella. "Nuestra primera preocupación es el día a día y que la casa funcione. La situación de provisionalidad no es buena y nos tenemos que mover en el marco legal que se nos da y vamos a intentar cumplir la ley que es lo que nos toca", ha afirmado Ferrero.
La presidenta del Consejo de Administración de RTVM ha asegurado que de no producirse la ratificación del administrador provisional se producirá una situación de "inseguridad jurídica". En este sentido, ha reconocido "una instrucción" del Ejecutivo autonómico para elegir a un administrador suplente que sustituyera a Sánchez en el caso de que no recibiera el visto bueno de la Asamblea. Ferrero ha afirmado que tiene informes jurídicos contradictorios sobre la pertinencia de este mecanismo (el artículo 17.4 de la ley de la corporación impide que los miembros del Consejo reciban "instrucciones, directrices o cualquier otra clase de indicación"), pero también ha señalado que ella "no es juez" para decidir cuál es el acertado y que designarán a esa persona para no "descabezar" la cadena.
Ferrero ha asegurado que el Consejo de Administración se reunirá a principios de octubre y será entonces cuando empiece a trabajar en la elección del nuevo director general. "Esperamos acelerarlo al máximo posible", ha señalado sobre este trámite, pero a la vez ha explicado que está sujeto a una serie de plazos tasados, que en parte depende de la Cámara.
Por ello hasta en dos ocasiones ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos políticos para que se pongan de acuerdo y vuelva a RTVM una situación "estable". "Es primordial que no haya vacíos de gestión", ha incidido, para añadir que los "conflictos" no deben llegar dentro de la corporación.
La elección del director general se tendrá que hacer en el pleno y es necesaria una mayoría cualificada. De momento esa votación no tiene fecha, al igual que se desconoce cuál será la duración del mandato de Sánchez. Al no ratificarse su nombramiento este jueves, habrá una segunda votación el 23 de septiembre, y para que sea satisfactoria, el PP necesita los votos de Vox.
El grupo que capitanea Rocío Monasterio ya ha condicionado su 'sí' a un recorte del gasto en la corporación y a que esta sea objetiva e independiente. El Gobierno que preside Díaz Ayuso ha mostrado su disposición a reducir partidas, por lo que en los próximos días es posible que ambas formaciones lleguen a un acuerdo. Vox ya espera una propuesta de los populares.
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