Barcelona ha dado el último paso para que en la capital catalana se pueda seguir aplicando cinco años más la ley de regulación de los alquileres de la Generalitat, si no la tumban antes los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional el Gobierno y el PP, al considerar que invade competencias estatales. Así, el Ayuntamiento ha aprobado definitivamente este miércoles en un pleno extraordinario declarar la ciudad como área de mercado de vivienda tenso, algo necesario para que la normativa siga vigente. Ha sido con los votos a favor de los dos grupos del gobierno municipal -Barcelona en Comú y el PSC-, además de los de ERC y JxCat, y el 'no' de Cs, PP, Barcelona pel Canvi y la concejala no adscrita Marilén Barceló. 

La medida ya se aprobó inicialmente en julio, pero ahora se ha ratificado después de que presentaran alegaciones la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) y de que estas hayan sido desestimadas.

Por razones administrativas, se ha tenido que convocar un pleno extraordinario para darle luz verde, ya que el plazo para hacerlo termina el 21 de septiembre y el pleno ordinario de este mes no se celebra hasta el día 28.

Con la aprobación de la medida, Barcelona da cumplimiento a la ley catalana, que dicta que un año después de su aprobación, los municipios deben solicitar si quieren seguir como área de mercado de vivienda tenso, y se establece que la ciudad continuará así cinco años más, con posibilidad de prórroga.

También queda estipulado que los precios de los nuevos contratos de alquiler serán un 5% inferiores al precio de referencia que marca el índice de precios de la Generalitat y que también están sujetos a la normativa los pisos con una superficie superior a los 150 metros cuadrados. Así lo ha decidido el consistorio, pues la ley prevé que los ayuntamientos tengan margen para adaptarla a sus necesidades.

Con la declaración de Barcelona como área de mercado tenso aprobada, la Generalitat podrá seguir multando a los propietarios de viviendas que las tengan alquiladas a precios por encima de lo estipulado por el índice de referencia de Cataluña. Empezó a hacerlo la pasada primavera, con sanciones de entre 3.000 y 90.000 euros, después de finalizar la primera fase de detección de contratos que no se ajustaban a la ley y de hallar 30 con irregularidades.

Las alegaciones desestimadas

La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha criticado en el pleno que quienes presentaron alegaciones a la declaración "están bien lejos de ser pequeños propietarios" y quieren "perpetuar un modelo de negocio incompatible con garantizar el derecho a la vivienda".

Ha afirmado también que "sorprende" que los que piden "estabilidad jurídica" sean los primeros en "intentar tumbar una ley". "¿En qué quedamos? ¿Queremos estabilidad jurídica o en realidad lo que queremos es que solo se tengan que cumplir aquellas leyes que nos gustan a algunos y que les permiten llegar a cifras de rentabilidad desmesuradas?", ha preguntado.

Además, ha señalado que "pronto hará un año" de la entrada en vigor de la normativa y la oferta de vivienda de alquiler "se ha disparado en la ciudad, los precios empiezan a estabilizarse y el mercado de compraventa funciona con normalidad".

Martín, por otro lado, ha apuntado que en 2020 el descenso de la renta familiar fue "10 veces más intenso" que el del precio de los alquileres, pero que la "precariedad" de los ingresos está haciendo que habitar en un piso alquilado se esté "generalizando". Barcelona, ha dicho, es la ciudad española en la que más gente vive de esta manera -el 30% de la población, según datos municipales de julio-, por lo que ha considerado "lógico" que exista una regulación.

Las reacciones de los grupos municipales

La concejal de ERC Eva Baró ha celebrado la aprobación definitiva de la declaración, aunque ha reprochado al gobierno municipal que haya sido "a contrarreloj" solo seis días antes de que acabase el plazo para poder hacerlo. También ha criticado su actuación con el Gobierno en materia de vivienda y les ha acusado de tener "cero liderazgo". "Si por ustedes fuera esta regulación no se hubiera hecho", ha dicho.

Desde Junts, Neus Munté ha dicho que está más que justificado que Barcelona sea declarada mercado tenso debido al incremento del 42% que han experimentado los precios de alquiler entre 2014 y 2019.

Luz Guilarte, de Cs, por su parte, ha criticado que con la nueva ley "la oferta de alquiler ha descendido más de un 40% respecto a septiembre de 2020" y han aumentado los precios, y ha tildado de "populista" la declaración de Barcelona como área de mercado tenso. 

Además, ha lamentado que Cataluña es la comunidad autónoma "a la cola" en inversión en vivienda pública. Ha señalado, asimismo, que Barcelona lleva "20 años" con solo un 20% de vivienda pública porque cuando se construye, esta acaba en manos de propietarios privados debido a que el gobierno municipal especula.

El concejal del PP Óscar Ramírez ha dicho que intervenir el mercado de alquiler creará un "efecto boomerang" y provocará una caída de la oferta de alquiler, inseguridad jurídica, mercado negro y la reducción de la calidad del parque de vivienda.

También ha recordado que han llevado al Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana al considerar que invade competencias estatales y que representa un "ataque al derecho a la propiedad privada".

Desde BCN Canvi Eva Parera ha compartido la opinión de Ramírez y ha reprochado que se esté responsabilizando al sector privado de la problemática en materia de vivienda. "Piensan que es el enemigo y es parte de la solución, y nos tenemos que entender", ha dicho.

La concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha añadido que la ley comportará el peligro de que se encarezca el precio de las zonas que aún no están afectadas. 

Alquileres de una media de 905 euros al mes

El coste medio mensual de los pisos de alquiler en Barcelona fue de una media de 905,39 euros en el primer trimestre de este año, con la ley de regulación de los precios ya aprobada. Esto supone un descenso del 6,2% respecto a 2020, cuando la normativa no tuvo luz verde hasta septiembre.

Así lo señalan datos de la Generalitat, que también muestran que Sarrià-Sant Gervasi es el distrito más caro (1.229,02 euros) y Nou Barris, el más económico (679,18).

El coste de vivir en Barcelona y Madrid fue casi un 20% más alto que en otras ciudades españolas en 2020, según el Banco de España. El barcelonés medio necesitaría 1.200 euros para poder tener el mismo poder adquisitivo del que se disfrutaría con 1.000 euros en esas otras urbes. Se debe, sobre todo, a que el coste de los alquileres en Barcelona y Madrid es un 82% superior al que tienen en las demás ciudades del Estado.