La Fiscalía pide dos años de cárcel y 6.480 euros de multa para una mujer acusada de difundir en su cuenta de Twitter un vídeo de unos escolares que gritaban y lanzaban papeles a una profesora, atribuyéndolo falsamente a un grupo de menas en clase.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público acusa de un delito contra los derechos y libertades públicas a la presunta autora de esa noticia falsa, que publicó en su cuenta de Twitter en junio de 2019, y pide que se la inhabilite para cualquier profesión u oficio educativos.

Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, la internauta tuiteó un junio de 2019 un fragmento de 45 segundos de un vídeo que mostraba a un grupo de escolares gritando y lanzando papeles a su profesora, al tiempo que tiraban y derribaban sillas y mesas, entre gritos y risas de burla hacia la maestra.

Dos minutos después, la acusada enlazó en otro tuit las imágenes de los escolares agresivos con el mensaje: "Mando vídeo de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad como agradecen nuestra acogida".

Imágenes de Brasil

La investigación policial permitió comprobar que el vídeo recoge unos incidentes en un aula de Brasil y que no guardaba ninguna relación con menores de edad emigrados a España, añade el escrito, firmado por el fiscal de Delitos de Odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.

Para el fiscal, con la difusión del vídeo la acusada pretendía, "con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada ante todos los potenciales usuarios de la red social Twitter, asociar un comportamiento violento en las aulas con todos los menores de edad no acompañados".

Todo ello con el fin, según la Fiscalía, de "difamarles, asociándoles de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado, desprestigiándolos con ello y contribuyendo de esa forma a despertar, potenciar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra ese colectivo de personas, especialmente vulnerables".

Por ese motivo, considera el fiscal que los hechos constituyen un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, por motivos de discriminación relativos a la nación u origen nacional, agravado por el hecho de que la difusión se llevara a cabo a través de internet.