El juicio contra el alcalde de Bormujos se celebrará con la Alcaldía ostentada de modo accidental por otra edil

Mientras el Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla tiene fijado para el 6 de octubre el juicio destinado a resolver la causa incoada contra el alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina; y su concejal de Obras Públicas, la también socialista María del Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación, en dicha fecha la Alcaldía del municipio estará siendo ostentada por la segunda teniente de alcalde, Margarita Beltrán (PSOE), según han indicado a Europa Press fuentes municipales.
El juicio contra el alcalde de Bormujos se celebrará con la Alcaldía ostentada de modo accidental por otra edil
El juicio contra el alcalde de Bormujos se celebrará con la Alcaldía ostentada de modo accidental por otra edil
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El juicio contra el alcalde de Bormujos se celebrará con la Alcaldía ostentada de modo accidental por otra edil

Según tales fuentes, los planes del alcalde de Bormujos son tomar unos días de descanso después del pleno previsto para el día 9 de este mes de septiembre, periodo en el que la socialista Margarita Beltrán se hará cargo de la Alcaldía de manera accidental, hasta la reincorporación del primer edil, que "estará en contacto permanente con el Equipo de gobierno (de coalición entre el PSOE y Cs) para hacer un seguimiento de las actuaciones".

En ese sentido, recordemos que cuando a finales de junio el PSOE y Cs acordaron restituir su acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Bormujos, roto en marzo por la formación naranja esgrimiendo la negativa del alcalde, el socialista Francisco Molina, a dimitir por el juicio que afronta por un presunto delito de prevaricación; Cs exponía que una vez que fuesen aprobados los nuevos presupuestos municipales y proyectos de envergadura, como los ligados a las ayudas para Estrategias de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI), extremos ambos ya acontecidos, Molina haría "un paréntesis hasta que se resuelvan los recursos interpuestos en la Audiencia provincial, en defensa de su presunción de inocencia".

LOS INTENTOS DE MOCIÓN DE CENSURA

La recuperación del pacto de gobierno entre el PSOE y Cs, destinada a restituir la "estabilidad" en el Ayuntamiento, según tales formaciones, daba al traste con la moción de censura formalizada ya entonces por el PP y Vox para desbancar al PSOE, entonces gobernando en solitario, alzando al PP a la Alcaldía; toda vez que tras romper en marzo el acuerdo de gobierno, Cs había intentado de su lado promover un nuevo gobierno alternativo "limpio" en materia judicial.

En ese sentido, mientras el PP y Vox reclamaban a Cs que se sumase a su moción de censura, el partido naranja pedía al PP que se atuviese a los términos de la moción de censura acordada entre populares y naranjas el pasado 10 de marzo, dos días después de romper Cs su acuerdo de gobierno con el PSOE. El PP, de su lado, aseguraba que ya en septiembre de 2020 ofreció a Cs la Alcaldía mediante una moción de censura, sin cosechar éxito entonces.

En cuanto al juicio previsto por el Juzgado de lo Penal número ocho, inicialmente fijado para el 14 de junio pero aplazado al 6 de octubre, gira en torno a un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento de Bormujos.

A JUICIO

A tal efecto, el pasado 20 de marzo de 2019, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla emitía un auto, ordenando la apertura de juicio oral con relación a esta causa judicial.

En dicho auto recogido por Europa Press, la citada instancia judicial acordaba abrir juicio oral contra el alcalde de Bormujos, su concejal de Obras Públicas y quinta teniente de alcalde, Manuel Fernando Fernández Vázquez y Carlos Sánchez Galeote, por un presunto delito de prevaricación atribuido a cada uno de ellos en calidad de autores, salvo en el caso de Sánchez Galeote, a quien se le confiere la condición de "extraneus" en dicho delito.

En paralelo, el auto de apertura de juicio oral atribuía un presunto delito de tráfico de influencias a Manuel Fernando Fernández Vázquez, tratándose de un auto contra el que no cabía recurso.

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