La denuncia la ha hecho pública en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Comisionado de Trasparencia pusiera en manos de su departamento y las Cortes un informe sobre la aplicación de la Ley de Trasparencia en Castilla y León.
En el mismo, demás de constatarse el elevado cumplimiento de la ley por la Administración regional-el 75 por ciento de las reclamaciones son a entidades locales-y el alto grado de colaboración de todas las entidades del sector público, destaca, tal y como ha enfatizado Igea, que cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en referencia a León y Palencia capital, los burgaleses de Miranda de Ebro Aranda de Duero y el leonés de San Andrés del Rabanedo, "si quiera han colaborado con la cumplimentación del cuestionario de autoevaluación".
En este sentido, el a su vez consejero de Trasparencia y Ordenación del Territorio ha justificado la necesidad de aprobar una nueva ley al respecto-ya está en tramitación-para evitar este tipo de situaciones y garantizar su cumplimiento, y ello a pesar de que las resoluciones del Comisionado son actualmente ejecutivas, es decir, de obligado cumplimiento.
En su informe, el Comisionado valora el grado de cumplimiento en materia de trasparencia dentro de la Administración regional, se ha felicitado Igea, quien ha incidido también en que tres de cada cuatro solicitudes recibidas son atendidas en dicho ámbito y que las restantes "son inadmitidas por cuestiones que afectan al formulario de las mismas".
"Por tal motivo, aprovecho para realizar un llamamiento a todas las entidades para cumplir con la Ley de Trasparencia y colaborar con el Comisionado, pues una administración trasparente es garantía de limpieza y eficacia", ha sentenciado.
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